Los centros de educación especial afirman que con la 'ley Celaá' morirán de «inanición»

En la provincia de Granada hay en la actualidad siete centros de educación especial. De ellos, seis son concertados: el citado Luis Pastor de Aprosmo, en Motril; Nuestra señora de la Esperanza-San José, en Guadix; y en Granada capital, Santa Teresa-Asprogrades, Sagrada Familia, Clínica San Rafael y la Purísima Concepción. El único público es el Jean Piaget, de Ogíjares.

Los centros de educación especial de la provincia suman unos 550 alumnos, según la información facilitada por Ramírez. En los últimos años la cifra ha disminuido, ya que los colegios ordinarios aglutinan casi el 90% del alumnado con discapacidad.

«No creo que haya nadie en contra de la inclusión, pero la inclusión hay que hacerla con cabeza y conocimiento de causa», advierte este experto, a quien la propuesta de la 'ley Celaá' le recuerda a los años ochenta, cuando se puso en marcha el proceso de la denominada en aquel tiempo «integración» en centros ordinarios y que supuso un descenso temporal de alumnado escolarizado en los centros de educación especial. «Pasado un tiempo, se produjo de nuevo el regreso de los discentes a este tipo de centros especializados, tras percibirse, sobre todo por parte de las familias y los responsables de los centros educativos ordinarios, que la propuesta, más que solventar un pretendido problema inexistente de segregación, lo que hacía era provocarlo», valora Ramírez.

Los centros de educación especial acompañan a sus alumnos en su formación hasta los 21 años. En muchos casos los preparan para acceder al mercado laboral de las fundaciones y de empresas. «Es difícil porque aún hay grandes barreras y muros, pero lo conseguimos y eso es incluir», defiende Ramírez.

Ramírez recuerda que el 'Plan de actuación para la mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015' fue aprobado en el Parlamento, pero solo se aplicó «lo que apenas requería desembolso económico».

La nueva ley no ordena la desaparición de estos centros, pero sí establece unas condiciones en las que irán quedándose poco a poco sin alumnos, que es lo mismo. A su juicio, las nuevas directrices llevarán a que los centros ordinarios se conviertan en «lugares donde arrinconar a estos alumnos y no darles respuestas».

Aurelia Carrillo, directora del Santa Teresa de Jesús de Asprogrades en la capital, con 55 alumnos, destaca que los centros específicos están «realmente preocupados» con la nueva ley, que prevé el traspaso de alumnos en un plazo concreto, de manera que estos centros se quedarían vacíos.

Recuerda que en los centros específicos «se atiende a los niños en función de capacidades y no de discapacidades; hay atención totalmente individualizada y especializada. Los padres que han tenido a sus hijos en colegios ordinarios, cuando llegan a nuestros centros y ven el cambio en sus hijos, se preguntan por qué no los han traído antes. Nuestros centros son los primeros en integrar al alumnado y en ayudarle a elaborar su proyecto de vida».

La profesora también lamenta que, desde que se empezó a hablar de la LOMLOE, muchos padres han tenido dudas a la hora de elegir centro, porque se preguntan qué va a pasar con sus hijos dentro de diez años si la ley entra en vigor.

A los centros de educación especial de Granada les gustaría que, antes de aprobar la ley, los responsables políticos recapaciten y visiten estos espacios para ver cómo trabajan. De momento, el colectivo trabaja coordinado con la plataforma 'Inclusiva sí, especial también', está en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz y no descarta llevar a cabo movilizaciones.