Cárcel para una promotora que se quedó con el dinero de los compradores

La sentencia considera que Carmen A. A., de 67 años, ha cometido un delito de estafa y, además de la pena de prisión, le impone una multa de 3.000 euros y la obligación de indemnizar a sus cuatro víctimas con un total de 426.000 euros, cantidad que se verá incrementada con el interés legal previsto en la ley. En la causa figuraban como acusadas otras cuatro personas que han sido absueltas absueltas por el tribunal.

El fallo, dictado por la sección primera de la Audiencia y al que ha tenido acceso IDEAL, declara probado que la acusada se quedó con las cantidades que diversos compradores le entregaron a cuenta de unas viviendas unifamiliares que se comprometió a edificar en Otura, promoción de la que apenas ejecutó un 8 o 9%.

Carmen A. A. actuaba como representante de la mercantil Jazmín XIII y como tal firmó cuatro contratos privados de compraventa de una serie de viviendas en la urbanización Los sauces de la Alhambra en Otura. La sentencia determina que lo hizo con conocimiento de que «no era dueña de los terrenos, carecía de medios para acometer el proyecto y, por supuesto, no tenía licencia de obras».

Los contratos de compraventa se firmaron entre mayo de 2006 y marzo de 2008 y las cantidades entregadas por los adquirentes fueron variables, entre 64.000 y 152.000 euros.

Según el tribunal, las cantidades entregadas por los compradores no se destinaban a una cuenta especial de la promoción inmobiliaria, sino a la cuenta corriente de la acusada, que disponía libremente de los fondos y los destinaba a otras finalidades. Entre esos otros destinos figura pagos de compras particulares, como los gastos de la boda de una hija que tuvo lugar en esas fechas. En concreto, la sentencia se refiere a un movimiento bancario por importe de 31.000 euros destinado a ese fin. El fallo concluye que esas cantidades no fueron devueltas a los compradores ni tampoco se construyeron las viviendas.

Licencia posterior

El Ayuntamiento de Otura concedió la licencia para la construcción de las viviendas en septiembre de 2006, cuando ya se habían firmado algunos de los contratos privados. En febrero de 2007, la sociedad administrada por la acusada firmó un contrato con una constructora para que se encargase de la edificación pero las obras se paralizaron en noviembre de ese mismo año.

«En su empeño de obtener dinero en efectivo indica la sentencia y como al paralizar las obras había quedado allí una caseta para los obreros, ferralla y otros materiales, así como un cartel publicitando la promoción, la acusada dio órdenes a una agencia inmobiliaria para que continuara con la venta de la promoción y les dijera a los futuros compradores que ese día no estaban trabajando los obreros por algún motivo o bien que visitaran las obras en sábado».

En el juicio, tres de las compradoras estafadas manifestaron que concertaron la compraventa directamente con la acusada, «que las invitaba a unas fiestas espectaculares que hacía en sus casas para captar clientela».

El tribunal concluye que Carmen A. A. invirtió el dinero recibido, entre otras cosas, para llevar un alto nivel de vida, «dando apariencia de solvencia, cuando en realidad, para mantener ese nivel de vida estaba utilizando el dinero que con ese engaño obtenía de compradores».