Suspendido de empleo y sueldo tres años un letrado del Ayuntamiento

Se da la circunstancia, además, de que este funcionario está siendo investigado por un juzgado de Almuñécar tras haber sido denunciado por la presunta comisión de un delito de estafa y otro de apropiación indebida. Según la denuncia, a la que tuvo acceso este periódico -que el pasado noviembre publicó una información sobre este asunto-, el letrado era uno de los administradores de una sociedad que comenzó a promover la construcción de un edificio de viviendas en La Herradura, sin que finalmente se llegara a construir el inmueble.

Al margen del devenir procesal de este procedimiento penal que se desarrolla en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almuñécar, el Ayuntamiento de Granada le abrió a este letrado un expediente disciplinario en octubre del año pasado.

Su condición de administrador de distintas sociedades, verificable mediante una simple consulta en el Registro Mercantil, llevó al área de Personal ha investigar lo sucedido y ahora, en un decreto del pasado mayo, ha puesto fin a la vía administrativa con la citada suspensión de tres años por la comisión, que puede ser recurrida ante la jurisdicción ordinaria.

Fin de la vía administrativa

La ley dispone que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad con una resolución motivada, trámite que no se ha cumplido en este caso. El propio abogado municipal, en su pliego de descargo y en sus alegaciones durante la instrucción del expediente, ha reconocido haber sido y ser administrador de sociedades mercantiles.

El decreto que finaliza la vía administrativa, que lleva la firma del teniente de alcalde de Personal, Juan Antonio Fuentes, rechaza una por una las alegaciones del letrado. Entre otras cosas, el abogado pone en duda la competencia del órgano sancionador, el propio procedimiento, la inexistencia de infracción y la proporcionalidad del castigo impuesto.

El decreto niega que la sanción sea desproporcionada (el máximo por una infracción grave de ese tipo es de seis años) y censura que el funcionario expedientado haya sacado a colación supuestos incumplimientos del régimen de incompatibilidades por otros compañeros del Ayuntamiento de la capital para defender su posición.

«La mera cita de tales 'presuntos incumplimientos' por el interesado merecerían el reproche debido, por los principios de lealtad y buena fe con la administración en la que presta sus servicios y con sus compañeros», indica el decreto, que advierte de que comunicará lo sucedido a los demás interesados «a los efectos oportunos».

Por último, el decreto sancionador levanta la medida provisional de suspensión de la sanción, que ya ha comenzado a ejecutarse.