Investigan el uso fraudulento de viviendas protegidas para alojamientos turísticos

Investigan el uso fraudulento de viviendas protegidas para alojamientos turísticos

La Junta abre 174 expedientes por esta práctica irregular que puede conllevar sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 10.000 euros

J. L. PIEDRASEVILLA

El boom de los alojamientos turísticos no tiene límites, incluidos los legales. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio investiga actualmente 174 casos de viviendas protegidas al existir indicios de que sus propietarios las hayan alquilado para uso turístico. Los dueños de estos inmuebles se pueden exponer a sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 10.000 euros.

Actualmente, las delegaciones territoriales de la Consejería que dirige Marifrán Carazo están investigando estos casos para verificar si se han producido infracciones de carácter grave por utilizar estas viviendas para otros fines que no sean el de residencia habitual, ya que la ley obliga a los destinatarios de estas viviendas a usarlas como inquilinos.

El área de inspección de la Junta ha realizado actuaciones de investigación que afectan a 25.536 viviendas, de las cuales 346 se encontraban ubicadas en parcelas con promociones de vivienda protegida. Una vez descartadas las viviendas ya descalificadas, se ha estrechado el cerco sobre estos 174 casos de viviendas protegidas que se siguen investigando para determinar si sus dueños han procedido a su alquiler con fines turísticos.

Durante los ejercicios 2018 y 2019 se han tramitado 14 procedimientos sancionadores por el uso no autorizable de la vivienda protegida como alquiler turístico, expedientes que se encuentran finalizados y con resolución. En muchos de los casos, los infractores han procedido al cese voluntario de esta actividad y al pago de la sanción. En 2019 se han abierto diligencias previas de investigación, previstas en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que afectan, en principio, a otras 30 viviendas protegidas en las que existen indicios graves de que se están destinando a un uso turístico no autorizable. Con la apertura de estas diligencias se determinará con la mayor precisión posible la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias o hechos relevantes para la incoación en su caso, de expediente sancionador conforme a lo señalado en la normativa vigente, según la Consejería.

La Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de 2005 y el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad recogen con claridad que las viviendas protegidas han de destinarse a residencia habitual y permanente del titular autorizado. Las primeras multas a pisos turísticos llegaron a principios del pasado año, con sanciones de más de 200.000 euros a 250 propietarios.