Susana Díaz busca potenciar su perfil de izquierdas con leyes sociales

Para contrarrestar esa pinza que trata de debilitar su proyección como líder de la socialdemocracia española y cuestiona su gestión como gobernante, la presidenta de la Junta andaluza ha instado a sus consejeros a ponerse las pilas. También a los cuadros del PSOE regional. Desde ambos flancos, coordinados en la Junta por el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y en el PSOE por el secretario de Organización, Juan Cornejo, la baronesa andaluza contraataca con leyes, planes y campañas en las que vender su gestión con el foco en el «blindaje» de políticas que han sido seña de identidad de la izquierda: sanidad, educación y dependencia públicas y universales.

Sirva de ejemplo el contenido este lunes del Consejo de Gobierno. Aprobó la Ley de Garantía y Sostenibilidad del sistema sanitario público y el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) 2016-2019. El proyecto de ley enviado al Parlamento es sobre todo de contenido político y establece como gran novedad la prohibición del copago en los servicios sanitarios de la Junta y minimizar los efectos de copagos estatales.

Coincide su aprobación con la movilización de plataformas ciudadanas contra la política sanitaria de la Junta en Granada, Huelva y Málaga, pero el consejero de Salud recuerda que se lleva meses trabajando en esta norma con el objetivo de asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables.

Según Aquilino Alonso, la ley «blinda la sanidad pública andaluza ante situaciones de crisis, de cambios demográficos» como el envejecimiento de la población y ante los «ataques al sistema o a los intentos de privatización». En definitiva, sirve de réplica al decreto del Gobierno del PP de 2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, que, según Susana Díaz, impuso límites a la universalidad y estableció el copago farmacéutico para pensionistas. También replica las acusaciones del PP andaluz de que la Junta también privatiza señalando los conciertos con clínicas privadas.

Bajo la premisa de que la sanidad pública es sostenible, el Gobierno de Susana Díaz y el PSOE andaluz han desplegado una campaña de cifras para recordar que Andalucía destina uno de cada tres euros de su presupuesto a sanidad (9.304 millones de euros en 2017). Susana Díaz suele repetir que la sanidad pública andaluza realiza al año 75 millones de actos médicos. Las cifras son relevantes en una comunidad de 8,5 millones de habitantes: Más de 1.500 centros de salud y consultorios y 49 hospitales públicos, la red más amplia de España.

Susana Díaz participa el próximo día 16 en un mitin con José Luis Rodríguez Zapatero en Jaén para conmemorar el décimo aniversario de la Ley de Dependencia. Durante los próximos días los socialistas andaluces repetirán también cifras para recordar que esta comunidad es la que más dinero destina y más personas atiende en aplicación de la ley, aun obviando las muchas que todavía están en listas de espera.

Blindaje

El despliegue comenzó en el Consejo de Gobierno de este lunes con el plan de gestión de la agencia para la dependencia, con una estrategia, la de supervisar el grado de ejecución de su aplicación. Gobierno y PSOE pondrán el acento en que Andalucía atiende a 185.200 personas, que ampliará a 65.000 más el próximo año. Destina de su presupuesto 1.188 millones de euros, algo menos de lo que el Gobierno central dedica a todo el país, 1.250 millones de euros.

En la sesión anterior del día 29 de noviembre, el ejecutivo dio el visto bueno al Plan de Éxito Educativo de Andalucía 2016-2020, que plantea como principal finalidad incrementar la tasa del alumnado que obtiene la titulación en Bachillerato o FP hasta al menos el 85% de la población entre 18 y 24 años. El documento establece 63 medidas para facilitar el éxito académico del alumnado y evitar el fracaso escolar.

Este plan parece haber sido aprobado como vacuna de los datos del informe Pisa conocidos ayer y que vuelven a situar a Andalucía a la cola de las otras autonomías en materia de excelencia educativa.

En el Parlamento está a punto de culminar su trámite la nueva Ley de Servicios Sociales, aprobada por el Gobierno en abril. Sustituye a la actual vigente desde hace 28 años. En su defensa, la consejera de Igualdad y Política Social, María José Sánchez Rubio, y el portavoz socialista, Mario Jiménez, utilizaron también la frase talismán: «Garantizar el blindaje de los servicios sociales».