El Defensor pide un pacto andaluz que haga frente a los problemas de vivienda
Jesús Maeztu alerta del incremento de corralas y prepara un mapa que inventaríe los pisos vacíos y las familias que reclaman un techo
Lalia González-Santiago
Martes, 31 de marzo 2015, 01:15
El problema de la vivienda no es solo moneda de cambio entre los partidos políticos de cara a la investidura de Susana Díaz, ni un ... punto en un programa electoral. Responde a una dura realidad social y así lo ratifica el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que el titular de la institución, Jesús Maeztu, presentó ayer al presidente del Parlamento en funciones, Manuel Gracia. Maeztu urgió la firma de un gran pacto andaluz por la vivienda que paralice los desahucios y facilite la utilización de pisos desocupados mediante un alquiler social accesible y alertó de la desesperación de muchas familias que lleva al incremento de 'corralas'. Jurídicamente son rechazables, dijo, pero es humanamente comprensible que alguien sin expectativas dé una patada a una puerta.
La memoria del Defensor de 2014 registra el tsunami que sufre el estado del bienestar: el 53% de las actuaciones estuvieron relacionadas con quejas por vulneración de derechos básicos y políticas sociales, destacando el problema de la vivienda o la ley de dependencia. La vivienda en concreto se llevó 728 consultas y 430 quejas. .
El Defensor urgió a los partidos a alcanzar un pacto para comenzar a gobernar, al tiempo que alertó de que la mejora de la macroeconomía no se ha trasladado a la vida de las familias, que siguen duramente golpeadas por la crisis.
En materia de vivienda, el Defensor anunció que esta en tramites de elaborar de acuerdo con los ayuntamientos un «un mapa de la vivienda» de Andalucía, en el que se inventaríe tanto el número de piso vacíos como el de familias demandantes de techo.
Maeztu fue muy claro en su explicación: hay familias que reciben una ayuda de 400 euros, por lo que no pueden pagar un alquiler social de 170 euros mensuales; existen listas de demandantes de vivienda social que superan los miles de peticionarios y a veces se tardan hasta dos años en adjudicarla, mientras que hay miles de viviendas inutilizadas porque sus promotores están en un concurso de acreedores cuya citación judicial se demora a 2018 o se tardan varios años en calificar como viviendas de alquiler miles de construcciones destinadas inicialmente a la compra-venta.
Asimismo el Defensor pidió que se tramiten con urgencia leyes sociales como la de segunda oportunidad, destinada a que familias y pequeñas empresas puedan renegociar sus deudas; la ley de ingresos mínimos y la de servicios básicos, que garantice un consumo mínimo vital de agua y electricidad. No olvidó recordar la urgencia de un pacto por la infancia, que sigue siendo el colectivo más castigado por la crisis.
El Defensor detalló también algunas singularidades por territorios, como la infravivienda del casco histórico de Cádiz, que acarrea «gravísimos problemas de seguridad», el elevado número de sanciones de tráfico de Granada, o la grave contaminación acústica de Sevilla y Málaga. También destacó la presentación de quejas masivas por la inmatriculación de la mezquita de Córdoba o por el derribo del hotel de l Algarrobico lo que ha motivado un importante aumento del número de denuncias por persona. Más de 165.800 ciudadanos, un 300% más que el año anterior, han presentado quejas personales, según recoge la memoria.
En total, de los 3.052 casos admitidos a trámites y cerrados en 2014, en 1.631 se ha detectado irregularidad de la administración; 1.131 se han resuelto sin que hubiera una actuación incorrecta por parte de los poderes públicos.
Tras la vivienda destacan las quejas por el funcionamiento de la Justicia, 488, en especial por colapsos en los juzgados de lo social y mercantil, y por disfunciones del Programa de Solidaridad, 357, de las que 144 han sido por retraso en la concesión del salario social.
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