El Ayuntamiento de El Ejido ejecuta el derribo de diez nuevas chabolas

Así lo ha indicado a Europa Press un portavoz de La Plataforma por los Derechos y la Justicia Social de Almería que integra a una treintena de organizaciones políticas y sociales, Francisco Sánchez, quien ha trasladado que existe un "compromiso" por parte del Consistorio ejidense para convocar una reunión tripartita con la Junta y la Subdelegación del Gobierno central en la que abordar una solución bien individual bien colectiva a la situación que se vive en este poblado chabolista.

Con este objetivo, la Plataforma ha convocado una encuentro en el que solicitarán a los inmigrantes afectados por las órdenes de derribo que aporten por documentación "por escrito que acredite la situación laboral, social y económica" en la que se encuentran para, de este modo, poder demandar a la administración una "alternativa digna".

Cabe recordar que la Policía Local con fecha 21 de agosto emplazó a los habitantes del asentamiento ubicado junto a la carretera que une Almerimar y el municipio de La Mojonera, en su mayoría en situación irregular, a que abandonasen el enclave antes del pasado día 1 o a que presentase recurso de reposición en un periodo de 30 días como finalmente ha sucedido.

Por otro lado, la Plataforma, que integra, entre otros, a colectivos como 'Almería Acoge', IULV-CA, Equo, SOC, Ustea y SAT, ha recibido respuesta de la Junta andaluza a la propuesta que enviaron para mantener una reunión y se ha fijado para el día 17 un encuentro con la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, en la que se abordará el problema de la infravivienda en El Ejido.

El acuerdo por vía de urgencia de la junta de gobierno local ejidense de fecha 16 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la zona de la Carretera del Alcor acoge un asentamiento de chabolas construidas en torno a una balsa de riego y que se observan "embolsamientos de agua en terreno, conducciones de goma en mal estado y gran cantidad de basuras acumuladas en el tiempo".

La resolución hace alusión, asimismo, a un informe que describe que los alojamientos son "de pequeñas dimensiones, elaboradas en sus cerramientos y cubiertas con restos de madera, telas de sombreo", por lo que concluye que procede su demolición en virtud de su apariencia de "una situación de ruina".

En este punto, se refiere al Plan Integral de Erradicación del Chabolismo y a la ley que regula el derecho a la vivienda en Andalucía, y subraya que el asentamiento carece de todo tipo de instalaciones "tanto eléctricas como de fontanería y saneamiento, presentando una situación de auténtica insalubridad y falta de habitabilidad", por lo que, según añade, procede el "urgente previo desalojo de los moradores y la demolición para evitar riesgos personales innecesarios".