Sánchez elude el choque con Peinado pero el Ejecutivo lo acusa de «humillar» a su mujer

La, según reconocen en el Gobierno, «inesperada» noticia contra Begoña Gómez, cogió al presidente en Nueva York, donde se encuentra desde el lunes para participar en la semana de alto nivel de la ONU y asistir a la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General, ante cuyo plenario intervino en la misma jornada el Rey. A pesar de que habría tenido ocasión de hacer alguna referencia al asunto, al menos, en una de las citas agendadas durante la mañana -el foro que impulsó el año pasado con otros líderes progresistas como el presidente de Brasil, Lula da Silva, o el chileno, Gabriel Boric para buscar fórmulas que combatan el «extremismo»- no lo hizo hasta las ocho de la tarde, hora española, en una rueda de prensa en la Misión de España ante la ONU. Y fue comedida. Mucho más que la de algunos de sus ministros.

En sus muy escuetas palabras sobre los casos de su esposa y su hermano, Sánchez incluso mostró confianza en que el sistema funcione y las cosas se resuelvan bien para su familia. «Y espero cuando eso suceda y la justicia lo dictamine -reclamó- tenga la misma repercusión mediática que esto». No hubo esta vez ninguna queja más explícita contra el juez y ni siquiera quiso decir de viva voz lo que en Madrid, durante todo el día, repitieron fuentes gubernamentales, que lo que busca Peinado con su decisión es una «humillación pública». «Lo de la interpretación se la dejo a ustedes. Pueden sacar las conclusiones que consideren; bastante tengo yo con ser el portavoz del Gobierno de España», respondió a los periodistas.

En la Moncloa reconocen que los jurados populares son competentes para juzgar causas relacionadas por malversación porque así lo establece la ley. Sin ir más lejos, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, tuvo

que someterse a uno en el juicio de los trajes. Pero ven en la decisión de Peinado intenciones aviesas, fundamentalmente porque da este paso contra Gómez sin haber cerrado aún su investigación -que consideran «prospectiva»- en lugar de esperar a decretar la apertura de juicio oral por todo el conjunto de delitos que ha ido incluyendo en la instrucción a lo largo de año y medio, desde que le abrió diligencias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Arguyen, además, para subrayar lo anómalo de todo este proceso, que las pesquisas concretas por malversación contra la esposa de Sánchez llegaron solo el 18 de agosto. Fue justo después de que el Tribunal Supremo desautorizara a Peinado al concluir que no había «ni el más mínimo respaldo indiciario» para perseguir al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por ese mismo delito, como él pretendía, y a pesar de que el pasado mayo él mismo había considerado que ni Gómez ni su asesora tenían responsabilidad en el nombramiento de la primera.

En el Gobierno consideran un escarnio añadido que, para colmo, el juez haya elegido el fin de semana, en concreto, el sábado a las seis de la tarde, para informar a todos los afectados del procedimiento. Varios ministros cargaron, con mayor o menor claridad, contra el magistrado. El de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo hizo de modo indirecto al advertir de que «el sistema de recursos» en España es «muy garantista» y que, sin duda, un tribunal «imparcial» pondrá las cosas «en su sitio« como ya hizo el Supremo en su caso. Y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de carrera, fue aún más contundente. «Me parece surrealista y me gustaría hablar de cosas serias», recriminó.

En abril del pasado año, la decisión de Peinado de abrir diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios estuvo a punto, o eso hizo ver él en su día, de quebrar al presidente del Gobierno y hacerle tirar la toalla. Pero desde entonces su determinación fue denunciar una campaña de la derecha y la extrema derecha, ejecutada por sus «tentáculos» mediáticos y judiciales, para derribar al Ejecutivo legítimo. Y en Moncloa creen que esa visión ha acabado haciendo mella en la ciudadanía; singularmente, en los votantes progresistas.