La Justicia manda tirar un chalé en Pozo Alcón tras decenas de fallos sin derribo

«En el caso de autos el juez 'a quo', aplicando correctamente la doctrina jurisprudencial, acuerda la demolición de la construcción, planteamiento al que se opone el apelante en base a la existencia de otras construcciones en la zona y al posible atentado contra el principio de igualdad (...) No es factible argüir la impunidad administrativa para pretender que los jueces y tribunales no restablezcan la legalidad», dice la sentencia de la Audiencia.

Según los hechos que la Justicia considera probados, el acusado pidió licencia para arreglar el tejado de un viejo cortijo y aprovechó para hacerse un chalé de 140 metros y dos plantas. Se considera que la obra no es susceptible de legalización.

Los juicios por chalés ilegales en Pozo Alcón comenzaron en 2012 después de que en 2007 una batida de la Guardia Civil contra las construcciones irregulares dejase a más de 60 imputados. Durante año y medio los tribunales fueron dictando sentencias sin acordar demolición alguna. Hasta que en diciembre de 2013 la Audiencia aplicó un nuevo criterio, revocó un fallo del Penal y ordenó echar abajo una construcción. Ahora llega otra sentencia similar.

Una década de lucha

La batalla de los fiscales en Jaén por conseguir demoliciones de chalés ilegales comenzó en 2005 y 2006 con la creación de la sección especializada en Medio Ambiente. En un año se duplicaron los delitos urbanísticos, pasando a 51 a 112 en 2007 en cuanto a diligencias de investigación emprendidas. Comenzaron a llegar sentencias condenatorias, muchas de ellas que incluían la medida de demolición. En apenas tres años se dictaron en la provincia aproximadamente un centenar de penas que además de cárcel y multa incluían derribos, según estimaciones de fuentes judiciales jienense. Al calor de la Operación Malaya, todo el mundo se apuntó a la guerra contra el delito urbanístico. En noviembre de 2006 hasta el que fuera presidente de la Junta, Manuel Chaves llegó a pedir «contundencia y demoliciones» a los jueces. Pero había chalés con condena de demolición valla con valla con otros que tenían condena pero sin demolición. No había criterio fijo.

La llegada a la presidencia de la Audiencia Provincial de Elena Arias Salgado sirvió para que al menos sí hubiera unidad de criterio en los tribunales. Y la norma desde 2010 era la de no condenar a derribos a no ser que se trate de construcciones en terrenos especialmente protegidos por estar por ejemplo en Parque Natural. Y a veces ni por esas. Fiscalía ha venido recurriendo sistemáticamente decenas de sentencias dictadas con la doctrina de la no demolición. Sin éxito hasta 2013.

Hay además otro gran problema: hacer cumplir las sentencias firmes ya dictadas y conseguir demoliciones no sobre el papel sino sobre el terreno. La fiscal delegada de Medio Ambiente y Patrimonio, Isabel Uceda, comenzó en 2009 a abrir procedimientos de embargo contra los penados para así financiar el coste de los derribos.