Un campo sin puertas, ni vivienda, ni dignidad

No es una circunstancia que se circunscriba únicamente al litoral. En Zafarraya, los temporeros que tienen 'suerte' de tener techo, comparten cuarto y colchones entre 15 personas. El resto, se somete a la dureza de las calles, aperos, naves e invernaderos abandonados. Proliferan los asentamientos y las infraviviendas en un sector donde la mayoría reclama regularización y condiciones dignas para los extranjeros, en situación irregular, que se manchan hasta la extenuación las manos de barro. Es la peor cara de un campo que necesita poner algunas puertas.

Aunque no existan para el sistema porque trabajan sin contrato ni derechos laborales y viven donde pueden, quienes levantan las cosechas tienen, sobre todo, nombres y apellidos magrebíes,

La población africana se ha cuadruplicado en los últimos veinte años. Desde 2003 hasta 2022, se ha pasado de recibir 5.601 personas a 21.978 y el 79% de ellos son de origen marroquí. La capital, Albuñol, Motril, Loja y Zafarraya son las localidades donde más población se concentra.

De un extremo a otro de la provincia, IDEAL visita los principales asentamientos para conocer la situación de los temporeros. A pocos metros del mar, el antiguo hotel Marysol es ahora un edificio decadente, símbolo del ocaso del despertar turístico que llegaba al municipio en los años 70, antes del boom de los invernaderos. Colchones apilados, botellas, cristales rotos y una piscina estancada. La decena de bungalows que rodean al bloque principal también cuentan con moradores. En total, los residentes del antiguo hotel oscilan entre 25 y 50 inquilinos, según manifiestan sus propios okupas.

Uno de ellos cruza el umbral de una puerta eternamente abierta. Acaba de dar por finalizada su jornada laboral. «Llevo siete años en el pueblo, he pasado por muchos sitios. Esta casa no siempre es tranquila, pero es lo que hay», remacha con serenidad y cansancio un hombre ajado de 40 años.

Junto a las estrellas apagadas del hotel, hay otras dos casas deshabitadas y okupadas. Cuentan los vecinos que los viejos cortijos, algunos derruidos, y parcelas de la parte más rural del pueblo son campamentos. «Normalmente están entre dos y tres años en precario para conseguir los papeles y después se van a otra zona. Aquí rápidamente encuentran un sitio porque falta mucha mano de obra. No hay español que quiera coger tomates. Y mira que hay paro», explica un agricultor.

En Zafarraya, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, los jornaleros doblan la espalda en las fincas para después regresar derrotados y subidos en camionetas, como si fueran animales. Para las temporeras, la jornada es interminable y por la noche algunas venden sus cuerpos. Un grupo de mujeres con hiyabs escondidos bajo las gorras enfilan la vereda que queda al margen de un campo de maíz. Paran en un super y compran cena fría. No pueden comer caliente.

«Donde ven un techo se meten, pero es bastante triste cómo están. Pagan hasta 150 euros por conseguir un colchón en casas donde hay incluso 60 personas», confiesan dos comerciantes de la localidad. «Aquí les servimos y le damos la humanidad que podemos. Enchufan sus móviles para hablar con sus familias porque donde viven no tienen ni luz», añaden. «La gente de aquí convierte las casas vaciadas para los temporeros y cada año hay más. Esto no es sostenible, las administraciones tienen que darle una solución más digna y exigir unos requisitos mínimos», critica el vecino. Ya no solo los «nacionales» obligan a los jornaleros a sortear unas condiciones infrahumanas. Los propios marroquíes que han adquirido tierras han perpetuado los modelos de explotación con su gente. Además, algunos temporeros regularizados tampoco disfrutan de condiciones dignas. «Los tratan como si fueran perros», rechista otro vecino. «No queremos verlos aquí en nuestras plazas, pero si no vienen en dos años nos vamos a la ruina», concluye.

Fuentes locales indican que de los 2.000 habitantes que hay normalmente, el pueblo acoge 4.000 personas más en campaña. Los temporeros se irán entre octubre y finales de noviembre. Si no hay sitio en las viviendas, el techo son las estrellas. Los gordos muros de la antigua Iglesia, abierta y expuesta al cielo, dan cobijo a algunas almas desamparadas cuando la noche arrecia. También un invernadero con jirones como lona hace de casa para 20 personas. Algunos jornaleros abrazan la bebida y otros recurren a las drogas duras para evadir su realidad.

La comarca de Alhama tiene un albergue de 60 plazas para migrantes regularizados. Ducha, una cama cómoda, cocina, luz y tranquilidad Las cosas cambian mucho por unos simples papeles. «A las mujeres las dejamos entrar con el pasaporte verde. La vida afuera es mucho más hostil para ellas y así las quitamos de la prostitución», expresa un trabajador. En la comarca se cultiva al aire libre, pero empiezan a levantarse invernaderos y se extiende la agricultura intensiva. Los vecinos temen que la campaña se alargue todo el año. IDEAL se puso en contacto con el Ayuntamiento para pedirle valoración sobre la situación en la localidad y espera respuesta.

Los propietarios de explotaciones agrarias que infringen las normas tienen el calendario medido. «Las inspecciones de trabajo se intensifican en otoño tras el cambio de cultivo. En marzo, en la entrecampaña, otra vez tienen que dar de baja a los temporeros y entonces vuelven los inspectores. Hay mucha costumbre de tener a la gente sin contrato», razona un empresario.

En lo que va de 2025, Inspección de Trabajo ha realizado aproximadamente 171 inspecciones, que desembocaron en 24 infracciones a empresas por falta de permiso de trabajo a extranjeros. La mayoría de las multas se han producido por esta irregularidad, seguidas de la falta de alta de trabajadores autónomos agrarios (21).

Las sanciones por tener de forma irregular a extranjeros ascienden a 242.217 euros. Alhama de Granada, Arenas del Rey, Campotejar, Fornes, Iznalloz, Peñuelas, La Rábita (Albuñol) y Zafarraya concentran las infracciones. En tres de estas localidades se da la casuística de que se produjeron obstrucciones a la tarea inspectora. Es decir, los empleados irregulares huyeron.

Fuentes de la Inspección de Trabajo declaran a IDEAL que en la Costa se encuentra con un obstáculo a la hora de localizar y sancionar a los incumplidores: los agricultores se chivan en cuanto llegan. Un extremo que confirman los propios explotadores agrarios: «Hay un grupo de Whatsapp y en cuanto pisa un inspector el pueblo se envían jornaleros a casa».

Trabajo colabora con la Guardia Civil y Policía Nacional en las batidas. En los primeros compases de las campañas del olivar, espárrago y bajo plástico doblan esfuerzos. La cantidad de inspecciones realizadas varía y depende de la producción de ese año.

Por suerte, entre tanto dolor y sacrificio hay también vidas que brotan y prosperan. «Llevo cuatro años aquí y por fin en septiembre tendré acceso a la residencia. Me vine de Marruecos para trabajar en la fresa de Huelva y allí conocí Granada. Tengo ahora mismo un buen trabajo en el campo. Me pagan 6 euros la hora», dice Aisha.

A ella no tuvieron que formarla a su llegada a España porque ya trabajaba en su país de origen en el mismo sector. La mujer, de 28 años, narra que vive de alquiler en un pequeño bloque con piscina y que todo lo que ahorra lo envía a su familia al otro lado del Mediterráneo. Allí dejó a su hija, a la que echa de menos y con la que espera reunirse.

Pese a la precariedad, los temporeros no se encuentran del todo solos. Hay organizaciones que los respaldan. En Albuñol, por ejemplo, existe una mesa de trabajo común entre instituciones y organizaciones, presidida por Jhon Manuel Piratova, párroco de San Patricio y responsable de Cáritas. Anualmente atienden a cerca de 800 personas. Albuñol viste al desnudo y alimenta al hambriento sin distinciones ni reparos. «Aunque a veces tengan sus diferencias, es un pueblo que por la 'Nube', la riada que arrasó la localidad hace 50 años, sabe lo que es necesitar ayuda de fuera», reflexiona. Por su parte, el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro asegura que se atiende a todas las personas que acuden a Servicios Sociales en la medida de lo posible.

La asociación Amigos de Marruecos ofrece en toda la provincia atención a los migrantes. La organización también aborda la salud mental, apoyo escolar y la integración. En lo que va de año, han atendido a 1.500 personas que buscan regularizar su situación o sufren abuso laboral. «La mayoría de los que trabajan en el campo suelen solicitar arraigo sociolaboral y es difícil conseguir un contrato continuado. Hay mafias que se aprovechan y venden contratos por hasta 7.000 euros o les piden que paguen las tasas de la seguridad social», dicen.

Los agricultores no están cómodos con la trastienda de parte del sector. Tratan de agilizar las contrataciones de la mano de obra extranjera y exigen ayuda al Gobierno. «Alguien que está de manera irregular es muy complicado que tenga unas condiciones dignas, aunque no debería ser así. Son mano de obra necesaria y reiteradamente pedimos que puedan ser contratados. Ya hemos visto que no sirven las contrataciones de origen», comenta Manuel del Pino, secretario de Asaja. «Son minoría los que hacen la cosas mal», concluye.

«Vienen personas a buscarse la vida y hay mucha hipocresía en la sociedad y en la administración. Comparten nuestras plazas, pero luego trabajan en circunstancias lamentables. Si están aquí hay que propiciarles una vida digna. No nos lo podemos permitir como sociedad. Reivindicamos herramientas para leaglizarlos. Vienen a trabajar, no a estar esclavizados», añade Miguel Monferrer, vocal de COAG.

Por último, Subdelegación indica que «se han introducido cambios normativos que han permitido flexibilidad laboral de colectivos como los estudiantes». Asimismo, se analizan opciones, como la coordinación de campañas concatenadas y el debate parlamentario en curso sobre una posible regularización masiva.