Autores intelectuales

Los cabecillas y presuntos autores intelectuales, más cerca de casa

La familia Portero ha logrado que los tribunales reabran el caso para encontrar a otros autores intelectuales del asesinato del fiscal y apunta directamente a quienes formaban parte de la dirección de ETA en el año 2000

Sábado, 11 de octubre 2025

El exdirigente de ETA Juan Antonio Olarra Guridi fue condenado en 2008 por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel y a indemnizar a ... la familia con 900.000 euros por ordenar el asesinato de Luis Portero y facilitar al comando ejecutor información sobre la víctima –fotografías, horarios de trabajo, domicilio e identificación del coche oficial que usaba– y medios para acabar con su vida, entre otros material para la falsificación de matrículas, cuatro kilos de explosivos y un millón de pesetas.

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Olarra (San Sebastián, 1967) forma parte de ETA desde al menos 1991. Fue condenado a 1.253 años de cárcel por ordenar el atentado contra una furgoneta de la Armada en el barrio madrileño de Vallecas en 1995, una acción que provocó la muerte a seis personas y heridas a 44. También fue condenado como autor material de los asesinatos de los guardias civiles Eduardo Sobrino González y Juan Carlos Trujillo García, el policía Juan María Helices en 1992 y el exfutbolista y empresario José Antonio Santamaría y el funcionario de prisiones José Ramón Domínguez en 1993. Formó parte del 'comando Levante' y el 'comando Madrid' y llegó a ser número uno del aparato militar de ETA. Fue detenido el 16 de septiembre de 2002 por la Policía Francesa en Talence, Burdeos, y condenado por asociación de malhechores, tenencia de armas y falsificación de documentos. Francia lo entregó temporalmente a España en 2008 por múltiples reclamaciones judiciales por terrorismo, pertenencia a banda armada y varios asesinatos.

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Caso reabierto

La familia Portero ha logrado que los tribunales reabran el caso para encontrar a otros autores intelectuales del asesinato del fiscal y apunta directamente a quienes formaban parte de la dirección de ETA en el año 2000 junto a Olarra –Ainhoa Múgica Goñi, su novia, y Javier García Gaztelu, 'Txapote'–, sin olvidar la posible participación de Mikel 'Antza', jefe máximo de ETAde 1993 a 2004.

Ainhoa Múgica Goñi (Motrico, Guipúzcoa, 1972) participó en varios atentados del 'comando Madrid' desde 1995, entre otros los del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, el teniente general del Ejército de Tierra Jesús Cuesta y el magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador.​Fue detenida junto a Olarra y permaneció en prisión en Francia hasta que fue entregada a las autoridades españolas en 2007.

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En 2009 la Audiencia Nacional la condenó a 67 años por facilitar el coche-bomba que costó la vida al mosso d'esquadra Santos Santamaría en Rosas (Gerona) en 2001, como jefa de los comandos de ETA. El mismo año fue condenada a 18 años de prisión por un delito de estragos terroristas por haber ordenado a los miembros del 'comando Xoxua' de ETA perpetrar el atentado contra la Torre de Logroño cometido en 2001, que no provocó víctimas. Tiene otras causas pendientes, entre ellas el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola en la que murió una niña de 6 años, que según la Fiscalía aún no ha prescrito.

El periplo carcelario de ambos ha corrido en paralelo en los últimos años. En 2021 la pareja obtuvo el traslado desde la prisión de Albolote a la de Logroño, y al año siguiente, a la de San Sebastián. Actualmente están separados, él en Guipúzcoa–donde ya disfruta del tercer grado, según la familia Portero– y ella en Álava.

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Javier García Gaztelu 'Txapote' (Galdácano, Vizcaya, 1966) inició su actividad criminal durante los años 1980 en el 'comando Donosti' y fue jefe militar de la banda terrorista en los últimos años del siglo XX tras la caída de 'Kantauri'. Representa la línea dura dentro de ETA, opuesta a la tregua de 1998 y al fin de la banda, nunca ha mostrado arrepentimiento por sus actos ni ha condenado los atentados de la banda. Su detención en 2001 en un restaurante de Anglet, en el sur de Francia, se produjo a raíz de la investigación por el robo de una troqueladora en Irún en 1999.

En total acumula penas que suman más de 500 años de cárcel –como autor material o como inductor– de asesinatos como los de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, Gregrorio Ordóñez, Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza, José luis López de la Calle y dos guardias civiles enSallent de Gállego. Fue trasladado de Huelva a Madrid en marzo de 2021 junto a su pareja, Irantzu Gallastegi, y de Madrid a Zaballa (Álava) en 2022.

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Casi de cien terroristas en la calle «sin cumplir la ley penitenciaria»

Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 se inició una política de acercamiento de los presos etarras (fin de la dispersión iniciada por Felipe González en 1989) y de flexibilización de su clasificación en segundo o tercer grado, que les permite vivir fuera de la prisión de lunes a viernes desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Con la cesión de las competencias de prisiones al País Vasco en 2021, la tendencia se ha agudizado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denunció este verano pasado que, de los 134 etarras que cumplen condena en las cárceles vascas, solo 44 están en régimen cerrado: 51 disfrutan del tercer grado, 22 de libertad condicional y 17 salen a la calle en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La familia Portero denuncia que se están concediendo terceros grados sin cumplir los requisitos: además de haber cumplido una parte de la pena, el recluso debe mostrar arrepentimiento por sus delitos y colaborar con la Justicia. En muchos casos, el arrepentimiento se justifica con una simple carta, una formalidad que no llega a las familias de las víctimas –algo que exige el Estatuto de las Víctimas–, y no existe colaboración en la resolución de los delitos –por ejemplo, aclarando quién les ordenó los asesinatos–. «Estamos sufriendo las consecuencias de las cesiones a los terroristas por los votos de sangre que sostienen al Gobierno de España», afirma Daniel Portero.

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