Archivan la denuncia del robo de papeles de Halsa sobre los supuestos sobornos a cambio de obras

Así se pone de manifiesto en el auto de sobreseimiento firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, Pedro D. García Fernández, tras la solicitud del Ministerio Fiscal del sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

El documento, consultado por IDEAL, señala que en la denuncia presentada en julio de 2012 por el administrador de Hispano Almería, el empresario almeriense Miguel Ángel Morales, por la supuesta sustracción de importante documentación contable de su constructora y posterior «manipulación» por parte de dos extrabajadores, no se encuentran «elementos suficientes que hagan incluir la autoría» de estos antiguos empleados -que fueron imputados por esta causa- en un delito de descubrimiento y revelación de secretos».

Cabe recordar que la documentación aportada a la Fiscalía Superior de Andalucía el 24 de octubre de 2013 por uno de los extrabajadores de Hispano Almería S. A. señalados por el gerente de la empresa, motivó la apertura de una investigación para efectuar indagaciones sobre las presuntas entregas de «sumas de dinero a responsables políticos y técnicos de la administración pública a cambio de la concesión de obras» a la constructora «en condiciones muy favorables».

Este exempleado de Hispano Almería, que fue imputado en su momento acusado del presunto robo de documentos junto a su compañero, negó su implicación ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, Luis Durbán, y defendió que los documentos habían sido encontrados en un contenedor de basura y que estos habían sido enviados a la Fiscalía Superior de Andalucía. Posteriormente, el empleado despedido aportó fotografías que pondrían de manifiesto esta versión.

Cabe destacar que la Fiscalía Superior de Andalucía remitió en enero de 2014 al Juzgado de Instrucción número 6 de Almería la investigación sobre el 'Caso Halsa' con el objetivo de que este juzgado de instrucción, cuyo juez era en ese momento Luis Durbán, valorara su incorporación a la investigación sobre el presunto robo de documentación que acaba de ser archivada.

En un decreto de remisión, fechado el 3 de enero de 2014, la Fiscalía Superior considera que «es evidente» que los casi 10.000 documentos aportados junto con la denuncia por el supuesto pago de sumas de dinero a cambio de concesión de obras «se configuran como una fórmula de control interno, con dilatada persistencia temporal y en la que no se aprecia la intervención de terceras personas ajenas a la sociedad».

Estos indicios de la Fiscalía Superior hicieron que el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería reabriera unas diligencias que intentan determinar si Hispano Almería, cuya mercantil fue declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 1 en diciembre de 2014, mantuvo un supuesto sistema de pagos a políticos y técnicos durante una década a cambio de la adjudicación de obras, así como si ha habido enriquecimiento de algunos de los dirigentes.

Informe de la Udyco

El llamado 'Caso Halsa' está pendiente de un informe de los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional sobre la denuncia con cerca de 10.000 documentos que presentó en 2013 la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) y a instancias de la Fiscalía Superior de Andalucía. Los investigadores de la Policía Nacional tratan de dirimir si hubo presuntos pagos irregulares de la mercantil a representantes políticos durante una década.

Pese a la existencia de aforados en la denuncia presentada por la AMAyT, la Fiscalía autonómica estima que «si aparecieran» elementos probatorios «suficientes» en la futura investigación, se podría retornar la misma al Tribunal Superior (TSJA).

No obstante, y por el momento, no encuentra elementos suficientes para «inferir con garantías» la posible existencia de responsabilidad penal. En el caso del primer edil de la capital y senador Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), al que «le habría realizado trabajos en su domicilio por cuenta y cargo de Hispano Almería», porque la responsabilidad «se encontraría prescrita».

En el segundo caso, el alcalde de La Mojonera y diputado autonómico José Cara (PP), porque la posible vinculación societaria con Gesponiente, «mercantil que estaría supuestamente vinculada con Hispano Almería», no permite observar «alguna responsabilidad penal concreta que exija la interposición de querella».