Juzgan a un acusado de estafar en la venta de casas

En concreto, el fiscal explica en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el acusado, como "administrador único" de una entidad vendedora, vendió a una pareja una casa en Los Villares por un precio total de 202.571,33 euros, y a otra una por un precio de 177.620 euros en el mismo pueblo, pesando sobre las dos una hipoteca suscrita con anterioridad "para la adquisición del terreno" donde se asentaba la promoción.

Según el Ministerio Fiscal, y en virtud del acuerdo alcanzado, "el acusado se comprometía a entregar las viviendas y otorgar escritura pública una vez que los compradores hubieran cumplido con todas sus obligaciones, estableciéndose una reserva de dominio a favor del acusado hasta que le fuera entregado la totalidad del precio".

Igualmente, los compradores suscribieron el contrato creyendo que se iba a suscribir "inmediatamente" un "aval bancario o figura contractual equivalente" que garantizaría "las cantidades entregadas", y que además "no había más cargas que las descritas en los contratos mencionados", que eran la hipoteca mencionada.

Así las cosas, las dos parejas de compradores "cumplieron con todas sus obligaciones y pagaron en su totalidad" las cantidades fijadas, pero "el acusado no suscribió en ningún momento ni seguro ni aval bancario ni cualquier otra modalidad contractual que garantizase las cantidades entregadas por los compradores".

Además, según la Fiscalía, el procesado no destinó el dinero recibido "a cancelar la carga hipotecaria ni dio a su banco instrucciones en tal sentido", de modo que no tenía "una cuenta específica para la promoción de viviendas donde controlar los posibles ingresos de los compradores".

Igualmente, "a espaldas" de una de las parejas de compradores, y "antes de la entrega definitiva de las viviendas, modificó y amplió la hipoteca" que pesaba sobre la casa, "pasando de 530.000 a 1.962.000 euros", así como amplió su periodo de carencia y modificó "a favor del acreedor" el tipo de interés.

"Tales modificaciones se hicieron sin conocimiento de ninguno de los compradores citados", subraya el Ministerio Público, que resume señalando que como resultado del comportamiento del procesado "las viviendas referidas se encuentran con unas cargas inexistentes al tiempo de la formalización de los contratos (...) y el dinero recibido de éstos no se ha destinado a pagar la carga existente al tiempo de celebración" de éstos.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de estafa continuada por el que pide una pena de dos años y nueve meses de prisión, y otro continuado de apropiación indebida que quiere que se castigue con tres años y nueve meses de cárcel. Además, pide que se le imponga al acusado una multa de ocho euros diarios durante diez meses, y que indemnice a una de las parejas compradoras con 177.620 euros, y a la otra con 202.571,33 euros.