Más de 400 piscinas de Jaén, a examen con posibles multas de miles de euros

Y no porque esté el estío avanzado se baja la guardia. «Queremos garantizar la seguridad de los jienenses cuando acudan a instalaciones de uso colectivo de este tipo, además de vigilar que se cumpla lo establecido por la normativa vigente al respecto», indicaba a este periódico la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega.

Las inspecciones que se realizan este año en las piscinas jienenses de propiedad pública o privada consisten en verificar que los responsables de las piscinas analizan el agua en todos sus componentes orgánicos e inorgánicos, sobre todo su nivel de cloro y de otros productos químicos. Una de las visitas habituales se lleva a cabo antes de comenzar la temporada de baños de cada piscina.

En cada una de las revisiones, los inspectores informan acerca de las normas de mantenimiento, como la prohibición de aplicar directamente productos, la obligación de contar con sistemas de dosificación automática de los químicos o la obligación de informar al público acerca de los controles, las sustancias que se utilizan o la existencia de socorristas.

La finalidad del programa es la vigilancia, control y adecuación de este tipo de instalaciones al reglamento sanitario de las piscinas de uso colectivo, para lo que se llevan a cabo inspecciones e informes de estos recintos y de la calidad del agua de los que tienen un abastecimiento propio y distinto a la red general de su localidad. Entre las que inspeccionan los técnicos se encuentran las públicas, de urbanizaciones, clubes o sociedades, hoteles o alojamientos, restaurantes y ventas de carretera, colegios, albergues, campings y campamentos. Las principales anomalías detectadas en los últimos años por los técnicos de la Junta en las piscinas jienenses fueron en su mayoría leves.

Las sanciones dependen del tipo de infracción, en caso de ser leve de 3.000 euros, grave hasta 15.000 y muy grave hasta 600.000 euros. En el supuesto de infracciones muy graves, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Salud, podrá acordar el cierre de la piscina por un plazo máximo de cinco años.

Las leves incluyen la simple negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de las instalaciones, o en el tratamiento del agua; las graves infracciones como la ocultación, alteración o ausencia de datos en el Libro de Registro y Control o la reincidencia; y las muy graves el incumplimiento de las disposiciones relativas a la calidad y tratamiento del agua de los vasos, siempre que se produzca un daño grave para la salud de los usuarios o la reincidencia de faltas graves. Deben contar por ley con el protocolo de autocontrol, un registro que, así lo especifica la regulación nacional implementada en 2014, debe estar en todo momento en la piscina pública a disposición de las autoridades. Ha de señalar cómo se trata el agua, cuáles son las operaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección, las condiciones de seguridad o el plan de control de plagas. Una guía específica editada por la Junta establece los criterios para el desarrollo de este documento. Hay más de una decena de aplicaciones móviles que facilitan las tareas de control de las piscinas, y el sistema informático Siloé que contribuye a la conexión entre piscinas y administraciones central y autonómica, aunque no es obligatorio en Andalucía.

Este programa de vigilancia que llevan a cabo durante este verano los técnicos de la delegación territorial, en colaboración con los distritos sanitarios de atención primaria de Jaén, también incluye visitas de inspección a los campings jienenses para comprobar las condiciones de su agua de consumo y la utilizada para el resto de actividades que en estos lugares se desarrollan