El Gobierno retrasa de tres a seis meses el plazo para resolver el ingreso mínimo vital

Por ahora, menos de un 1% de los hogares de desempleados en Granada ha recibido el ingreso, solicitado por una de cada cinco personas sin trabajo en la provincia. Las trabas burocráticas para el ciudadano y el retraso en su tramitación –los sindicatos lo achacan a falta de medios técnicos y personal– siguen demorando la resolución de las peticiones, que empezaron a registrarse en el mes de junio. Los cambios incluidos en el decreto que regula el trabajo a distancia parten de la «necesidad de modificar con urgencia algunos de sus preceptos con la finalidad de dar cobertura al mayor número de personas en el menor tiempo posible».

Sin embargo, el plazo del que dispone el Gobierno para resolver las solicitudes pasará de tres a seis meses, lo que a juicio del concejal de Recursos Humanos, Organización y Servicios Sociales, Francisco Fuentes, no servirá para agilizar la llegada del ingreso a las familias, sino todo lo contrario. Si se cumple todo el periodo, los hogares pasarán hasta el 31 de diciembre sin la ayuda, que tiene efecto retroactivo. Si no reciben ninguna respuesta, se considera denegada. El cambio afecta a las solicitudes previas a la entrada en vigor del decreto, el próximo 13 de octubre, que aún no se hayan resuelto.

Esta no es la única novedad sobre el IMV incluida en el real decreto-ley sobre trabajo a distancia. El texto añade cambios en la acreditación de las parejas de hecho o en la obligación de ser demandante de empleo para acceder a la ayuda. Antes era necesario estar inscrito como demandante de empleo, mientras que ahora hay excepciones a esta norma. Pueden solicitar el ingreso, sin obligación de figurar como demandantes, los menores de 28 años que cursen estudios reglados, perciban una pensión contributiva de incapacidad o tengan reconocida una situación de dependencia, entre otras circunstancias.

Por otro lado, el decreto-ley sobre el ingreso mínimo vital contemplaba como personas beneficiarias a aquellas con edades comprendidas entre los 23 y los 65 años que vivan solas o que compartiendo domicilio no se integren en la unidad de convivencia –al margen de otros requisitos, como los económicos–. Ahora, los menores de 30 deberán acreditar que han tenido residencia legal y efectiva en España y que han vivido de forma independiente durante al menos los tres años previos. En opinión de Fuentes, estos cambios resultarán confusos para ciudadanos que, viéndose amparados en la anterior norma, soliciten ahora el IMV sin ser beneficiarios.

En la moción, los grupos municipales de PPy Cs advertirán de la necesidad de dotar de medios técnicos y materiales al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que garantice en tiempo y forma la llegada del ingreso a las familias de Granada. También requerirán al Gobierno información sobre las resoluciones que se resuelven positivamente. El motivo es que el IMV es incompatible con otras ayudas sociales que tramitan y transfieren los ayuntamientos, por lo que deben tener conocimiento de las solicitudes aprobadas para así suspender los pagos.