Los pescadores se sienten «abandonados» y los ayuntamientos, desbordados

La Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fenapa) expresó hace unos días su «profundo malestar» ante la aprobación del plan por parte de la Consejería de Medio Ambiente sin la participación del la Dirección General de Pesca ni del colectivo de pescadores andaluces, que llevan años reclamando soluciones ante el avance del alga asiática.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, comparte esa indignación: «Se han limitado a ver los problemas de las playas, de los bañistas y de los ayuntamientos. Lo que pasa desde la orilla del agua para adentro les trae sin cuidado. Nos sentimos abandonados», resume.

El plan establece que los barcos estarán obligados a llevar la biomasa que saquen con sus redes a puerto, pero no explica cómo se compensará a los pescadores por el tiempo y el combustible empleados, las artes de pesca rotas o las capturas perdidas, o quién se hará cargo de colocar, transportar y desinfectar los contenedores.

El patrón mayor motrileño recuerda que hay barcos que se han quedado sin trabajo porque la especie invasora ha hecho desaparecer sus potenciales capturas. Como ejemplo, explica que en la provincia de Granada había cuatro licencias para ortiguillas de mar y ya no queda ninguna porque 'Rugulopteryx okamurae' se fija en las rocas y las va «ahogando». «Hay que darles viabilidad a los barcos que están gran parte del año sin poder pescar, y eso no se hace con ayudas, sino permitiéndoles explotar otros recursos», subraya López, quien destacó que el litoral granadino está muy afectado porque tiene poca costa y muchos acantilados rocosos.

El pleno de la Diputación de Granada aprobó en julio una moción presentada por el grupo provincial socialista en la que, entre otras cosas, se reclamaba a la administración autonómica la creación de un «fondo especial económico destinado específicamente a paliar los efectos negativos derivados de esta invasión biológica» para los sectores y comunidades afectados y, en particular, ayudas financieras a los ayuntamientos que soportan los costes de la limpieza.

Fuentes del gobierno provincial destacan el «compromiso» y la «mano tendida» de la institución hacia los ayuntamientos afectados, pero las ayudas tendrán que esperar al presupuesto de 2026.

«Esta invasión nos perjudica tanto a los ayuntamientos como a los empresarios turísticos», recalca María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol, que reclama «medidas urgentes» ante «un problema que viene para quedarse y que transciende las competencias municipales».

La regidora de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, explica que la llegada masiva de algas a las playas de Punta del Rincón y Cambriles en 2023 no se ha vuelto a repetir. Una empresa malagueña se puso en contacto con el Ayuntamiento para pedirle que trasladara la biomasa hasta sus instalaciones, para un proyecto piloto de valorización, pero el coste era excesivo para las arcas municipales y nada se concretó.

«Para los ayuntamientos pequeños la recogida es un problema –subraya Antequera–. El plan de gestión nos parece teóricamente muy bien, pero necesitamos subvenciones o ayudas para la gestión, recogida y traslado del alga. Hasta ahora la tratamos como un residuo cualquiera y va al punto de acopio».

La concejala de Playas de Almuñécar, Lucía González, afirma que en su municipio «no hay mucha incidencia por ahora» y la llegada del alga se limita a playas pequeñas como las de Cantarriján, El Pozuelo, Cabria y Curumbico. La recogida se realiza «con medios mecánicos» cuando los temporales arrastran las arribazones hasta los arenales. En cuanto a la colonización de los acantilados protegidos del municipio, recuerda, queda fuera de las competencias municipales.

La comunidad científica granadina también ha quedado fuera de la elaboración del plan de gestión, según confirma Julio de la Rosa, director del Aula del Mar de la Universidad de Granada y miembro del grupo de investigación que desde hace varios años estudia la invasión de la 'Rugulopteryx okamurae' junto a científicos de la UMA. «El plan contiene bastantes errores; si nos lo hubieran pasado los habríamos corregido», indica De la Rosa.

Pese a todo, el biólogo considera que este documento, aparte de ser una obligación legal, es un documento abierto, que deberá ir desarrollándose y adaptándose a la casuística de los diferentes municipios y provincias. «Es un plan necesario», concluye el investigador de la UGR.