Suspenden el juicio contra el alcalde de Huércal de Almería por un accidente de moto del abogado del PSOE

La magistrada que enjuicia el caso ha revelado que la ausencia se considera «justificada» ya que en el día de ayer la acusación particular presentó un escrito señalando que el letrado que les representa había sufrido una caída de moto y sufría mareos, dolores en el cuello y en el codo, por lo que los servicios sanitarios le recomendaban reposo. Por ello la vista se ha suspendido y se señalará más adelanta. Si bien, la magistrada ha advertido que «la agenda de señalamientos de la Sección Tercera está «a tope» y «no se sabe cuándo se podrá encontrar un hueco».

Por su parte, el abogado de la defensa, Joaquín Monterreal, ha solicitado que se busque «una fecha lo más cercana posible» y que no coincida con «procesos electorales» puesto que, a su entender, se trata de una «causa política».

Tras confirmarse la suspensión, el alcalde huercalense ha reafirmado ante los medios que se trata de un juicio «con fines políticos» en el que el PSOE pretende «eliminarnos» del juego «aunque no lo va a conseguir».

«Esto ha sido una artimaña más. Había un juicio señalado para que pudieramos aclarar, por fin, que todas las licencias estaban concedidas acorde a la ley y los propios funcionarios municipales así lo iban a atestiguar. Es una artimaña legal para retrasar el juicio y seguir malmetiendo y generando mal ambiente contra mi persona, contra el partido político que represento y contra los vecinos de Huércal de Almería», ha añadido.

Torres ha aprovechado para advertir al PSOE de que «no va a conseguir distraernos de nuestra función, que es trabajar por Huércal y por nuestros vecinos». «No lo han conseguido hasta ahora y no lo van a conseguir», ha insistido.

El regidor popular ha reconocido que «evidentemente» todos estos años de instrucción han supuesto un desgaste para él. «Tengo la constancia de que todo se ha hecho bien porque los funcionarios municipales han hecho su función y todo se ha tramitado de acorde a la ley. Me acusan de no dar una licencia que por ley no es necesaria darla ya que hoy en día no hay ese tipo de licencias, sino que hace falta una declaración responsable y en el momento en el que la empresa la presenta ya puede trabajar y así se hizo», ha defendido.

Según Torres, cuando el PSOE gobernó durante nueve meses «lo que hizo fue montar un expediente paralelo totalmente falso a sabiendas de que lo era para enjuiciarnos e intentar acabar con nosotros por la vía judicial cuando no lo han podido hacer por la vía política».

Eso sí, ha aclarado, posteriormente, que no los socialistas no falsificaron el documento [algo que sería delito] sino que «montaron un expediente para decir que no hay una licencia, cuando la licencia no es necesaria concederla». «Han intentado, a base de documentación, montar una apariencia de delito donde evidentemente no hay nada. Es muy triste que la gente en política, en vez de trabajar por sus vecinos e intentar ayudar a los ciudadanos, estén intentando hacer estas artimañas», ha concluido.

Para esta causa, la Fiscalía solicita dos años de cárcel para Torres, quien está acusado de permitir «con deliberada pasividad» la apertura de un establecimiento de comida rápida en el municipio a sabiendas de que el local carecía de licencia de primera ocupación y, por tanto, de apertura.

El fiscal, que interesa además 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público en el ámbito local, remarca que asistió en noviembre de 2016 al acto de inauguración de la hamburguesería «siendo plenamente consciente» del «ilegal inicio de la actividad» y señala que lo hizo «tratando de obtener popularidad y rentabilidad política» con la apertura de la conocida franquicia durante su mandado.

Según indica el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, Torres, quien en el momento de los hechos ostentaba también las competencias delegadas de Urbanismo, era «plenamente consciente» cuando asistió en su condición de alcalde al acto de inauguración de que el local «carecía» de licencias.

Subraya que, de hecho, hasta dos años después y hasta un mes después de que en octubre de 2018 fuera desalojado de la Alcaldía por una moción de censura, el expediente de solicitud de permisos «estuvo paralizado» y alude a un informe de un técnico municipal que ponía de manifiesto que el establecimiento «incumplía las condiciones técnicas para obtener las licencias ya que había que corregir el saneamiento y las redes pluviales, entre otras deficiencias».

Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, interesa multa de 18 meses a razón de 12 euros al día y matiza de que, en caso de que se aprecie el delito subsidiario de prevaricación urbanística por omisión, solicita solo las penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el procedimiento también hay acusación particular, que califica los hechos en la misma línea que la Fiscalía pero interesa dos años de cárcel, 24 meses de multa a razón de diez euros y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.