La Policía detecta «graves» irregularidades en los contratos del Pabellón de Carboneras

Así lo trasladaba el día 8 de febrero el Cuerpo Nacional de Policía al Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en un informe en el que los agentes especializados en delincuencia económica tratan de determinar si Hispano Almería, una de las constructoras más contratadas para obra pública en Almería, utilizó presuntamente mordidas para convencer a políticos y funcionarios en la adjudicación de trabajos. Los investigadores indagan sobre presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y organización criminal en el marco del caso Hispano Almería. La Policía también observa una posible financiación de campañas electorales a principios de siglo.

La investigación se centra, en el caso de los contratos carboneros, principalmente en dos recibís «de supuestos cobros irregulares» emitidos por la mercantil de una supuesta caja B. En el primero se certifica la cantidad de 8.500 euros, teniendo como destinatario el «Partido Popular de Almería (Diputación) en relación a la obra 336, número que coincide con el expediente de obra del Polideportivo de Carboneras, donde la Diputación de aquel momento tuvo un papel capital de cara a la concesión de las sucesivas fases, hasta la cuarta». El recibí está fechado el día 8 de febrero de 2002, año en el que se terminaron las obras de las fases 3 y 4. «Además, la adjudicación de las obras se produjo en una fecha próxima en el tiempo», añade la Policía, que también se fija en la anotación 'B' «donde normalmente en un apunte contable tiene connotaciones derivadas de una contabilidad paralela».

Respecto al segundo recibí, emitido por la cantidad de 12.000 euros, aparece como destinatario un nombre y apellido concretos en relación a una supuesta compraventa de terrenos. La UDEF relaciona con este pago a un funcionario de Carboneras.

En sus conclusiones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional asegura que queda acreditada la «ausencia significativa» de documentación «esencial, legalmente preceptiva y cuyo contenido es obligatorio en todo contrato público» en varias de las fases de la obra del pabellón, así como que se dan «irregularidades graves en su proceso de adjudicación». Las «graves anomalías» observadas en los expedientes de contratación responden a «una sucesión de acciones» que a juicio de los agentes «obedece» a otorgar «un beneficio evidente para Hispano Almería», siendo «siempre» adjudicatario, «cumpla o no cumpla con los requisitos legales de contratación».

Aunque no lo menciona el informe, diversas fuentes jurídicas apuntan a que al tratarse de contratos y hechos que se produjeron hace aproximadamente dos décadas, los delitos que trata de esclarecer la investigación podrían haber prescrito ya y, por lo tanto, quedar fuera de la acción de la Justicia. Algo que tendrá que ser el instructor el que lo determine.