El juicio por prevaricación del alcalde de Viator y varios ediles se celebrará el 23 de enero

El Ministerio Público sostiene en su acusación que los acusados acordaron durante una junta de gobierno local extraordinaria fraccionar «sin ninguna justificación» un contrato de obras valorado en más de 152.500 euros en tres lotes para así contratos menores y, en consecuencia, poder realizar una «adjudicación directa sin necesidad de licitación».

En concreto, tanto el primer edil como el resto de acusados, entre los que figura el actual portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel Ruiz, se reunieron el 9 de noviembre de 2017 para aprobar inicialmente el proyecto de obras titulado 'Proyecto de Intervenciones Urbanas: Plaza Candela, Cerro de la Cruz y Mirador del Cerro de la Cruz', cuyo presupuesto de ejecución de contrato ascendía a la suma de 152.534,80 euros.

Según el fiscal, «fraccionaron, sin ninguna justificación, dicho proyecto en tres lotes no superando el importe de ninguno de ellos la suma de 50.000 euros, lo que los convertía en contratos de obra menor que permitía su adjudicación directa sin necesidad de licitación».

Así, en esa misma sesión adjudicaron el contrato de obras menor para la construcción de la Plaza Candela a una de las empresas por importe de 40.144,41 euros. No obstante, de dicho lote «se excluyeron unidades de obra a ejecutar sin justificarlo, lo que supuso que, de haberse incluido, habría sobrepasado con creces el limite para los contratos menores».

Dichas unidades de obra eran unos columpios, los cuales se ofrecieron en concurso por separado. Aparecieron dos licitadores y se adjudicaron por el importe de 22.277,70 euros, «cuando la otra oferta era más barata», apunta el fiscal.

El segundo lote que se adjudicó de forma directa fue el del Mirador del Cerro, por una suma de 45.477.28 euros. Once días después en una nueva junta de gobierno local se adjudicó el contrato de obra menor para la construcción del Cerro de la Cruz a una tercera empresa, por un importe del contrato de 35.270,22 euros. Esta cifra supuso además «un importen superior en 2.763,62 euros al fijado en el proyecto técnico».

«Dichas adjudicaciones se hicieron sin tramitar ningún expediente y sin pedir informe a la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento, teniendo esta conocimiento de la adjudicación el día que se celebró la sesión de la junta de gobierno no pudiendo, por ello, realizar una fiscalización de dichas adjudicaciones antes de su realización», recoge la Fiscalía.

Además, según la acusación provisional, en las adjudicaciones de los lotes como contratos privados «no se han cumplido las normas procedimentales y de publicidad, que tendrían que haber sido las correspondientes en función del valor acumulado de todos los lotes».