Investigan irregularidades en las obras del Paseo Maritimo de Carboneras

En un auto consultado por Europa Press, el Juzgado de Instrucción 2 indica que los hechos que se recogen en la querella «presentan características» que hacen «presumir» la existencia de una «infracción penal» y ve procedente incoar diligencias previas para investigar y dar traslado al Ministerio Fiscal.

No obstante, la jueza acuerda, asimismo, remitir el procedimiento al Decano de los juzgados veratenses para su reparto por turno especial de querella.

Ciudadanos, que presentó la denuncia en la campaña electoral del 28M, sostiene que los informes técnicos municipales aportados demostrarían que en la obra, para la que el Ayuntamiento recibió una ayuda de más de 472.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, se habría usado baldosas para renovar el pavimento de menor calidad, y menor resistencia«, además de »no ser un diseño innovador y diferenciador como se hacía constar en el proyecto«.

Precisa la querella que, de acuerdo a esos informes técnicos «de los que tenía conocimiento» el ex alcalde José Luis Amérigo (PSOE), el precio habría sido «muy inferior al de las que realmente debían haber colocado» y concluye que el que «no se respetase para nada el proyecto constructivo del técnico, ni la memoria de calidades», así como «se colocasen baldosas pagadas a un precio superior al valor real», habría supuesto una «distracción de dinero» constitutiva de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a ente público.

En una rueda de prensa, el que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía y ahora concejal en el equipo de gobierno carbonero gracias a un pacto con el PP, Salvador Hernández, esgrimió fotografías que evidenciarían el estado «deplorable» que presenta el Paseo Marítimo tras la ejecución de la obra bajo sospecha.

Aseguró que, «desde el principio», el ayuntamiento «no hizo bien las cosas al recibir la subvención de la Junta», y subrayó que la licitación para la obra «se sacó deprisa y corriendo» debido a la «finalización del plazo de justificación» de la citada ayuda«.

«Curiosamente sólo se presentó una empresa, que se comprometía a ejecutar el proyecto en un plazo de 60 días, algo ya de por sí bastante raro», explicó para añadir que, sin embargo, las obras comenzaron el 1 de septiembre de 2021 y finalizaron el 23 de marzo de 2022, «204 días después».

Hernández apuntó que, una vez adjudicado el contrato, este sufrió «un modificado al alza y sin justificación alguna de casi 95.500 euros» al tiempo que afirmó que el acta de recepción de estas obras «no contiene la firma de ningún técnico municipal», y sí sólo del interventor y el alcalde.

Con respecto al pavimento utilizado en la actuación, Hernández remarco que la empresa que la ejecutó «no contaba con ninguno de los cuatros diseños de baldosa que se habían recogido» en el proyecto técnico«. »Hay informes del técnico municipal que supervisó este proyecto que aportamos al juzgado indicando que la esta empresa no ofrecía las garantías requeridas y que hasta se le había penalizado con doce puntos en la valoración dada«, remachó.

En la querella, con 24 documentos adjuntos, se subraya que el «incumplimiento» de las exigencias contempladas en el pliego de prescripciones técnicas, realizando unas obras por las que se ha pagado «a un precio muy superior a su valor real» sería un presunto delito de malversación mientras que «la colaboración y autorización del alcalde, del concejal de Urbanismo y Obras Públicas y el concejal de Hacienda ordenando el pago» supondría haber incurrido en supuesta prevaricación«.

«Lo hicieron a sabiendas de su injusticia y de la ilegalidad de su pago pues no solicitaron un informe técnico sobre la calidad de los materiales y su precio real a los efectos de que se abonaran por el ayuntamiento las cantidades que correspondían al material colocado y no perjudicar a la administración local, lo que ha conllevado que se haya distraído dinero público injustificadamente», finaliza.