Archivan la causa contra la alcaldesa de Cantoria y su marido por cortes de agua a miembros del PP

La resolución judicial, consultada por Europa Press, apunta que «no resulta posible acreditar siquiera indiciariamente la perpetración de ningún ilícito penal» ante los hechos denunciados, al tiempo que se asegura que ambos cargos se limitaron a «desempeñar las obligaciones propias» de sus puestos.

«No constando acreditado siquiera indiciariamente que los investigados, con la intención de impedir el acceso al suministro del agua de los denunciantes, cambiaran, manipularan u ordenaran intencionadamente el corte del suministro del agua en las viviendas de los denunciantes», resume la instructora.

El auto dictado por la juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Huércal-Overa, Paloma Carmen Montero, descarta la existencia de indicios o datos objetivos que indiquen que la alcaldesa o su marido ordenaran el corte deliberado de agua durante 18 días de la vivienda de cargos del PP.

En este sentido, atiende la declaración de la primer edil, quien explicó que se efectuaron obras a los efectos del mantenimiento de una potabilizadora sin haber dado orden alguna de corte de agua.

Su marido también apuntó que la actuación respondía a la renovación, modificación y sustitución de redes, proyecto global de municipio que se inició en el núcleo de población y que se extendió posteriormente a las barriadas.

A ello se suma la declaración del peón del Ayuntamiento que en su momento realizó las obras, quien como testigo afirmó que «no recibió instrucción alguna de la alcaldesa» sino «de su encargado», quien a su vez defendió los trabajos realizados para anular el depósito municipal que se encontraba en mal estado y así establecer el agua potable directamente a la red. El corte de dicho depósito sería la causa por la que los denunciantes habrían dejado de recibir agua.

La causa, que ya había sido archivada provisionalmente con anterioridad, vuelve a sobreseerse al no ver la instructora la concurrencia de ninguno de los elementos necesarios para configurar el tipo penal sino, en todo caso, un «conflicto entre las partes implicadas que deberá, en su caso, dirimirse en la vía correspondiente».