Violencia vicaria: más de 40 casos bajo seguimiento policial en Almería

En la provincia de Almería, al cierre del mes de febrero, se computaron 2.665 casos activos. De estos, 1.410 con menores a cargo de la víctima. Es decir, que hay más de 1.400 madres con hijos viviendo bajo algún tipo de vigilancia policial ante las amenazas de sus maltadores, parejas o exparejas. Aunque, de facto, serían muchos más. La macroencuesta 'Violencia contra las Mujeres' del Gobierno de España –la última realizada data de 2019, la anterior, de 2015– apunta que solo denuncia un 25% de estas víctimas.

El Sistema Viogén, en su última publicación fechada a 29 de febrero de este año, recoge cerca de 800.000 casos de Violencia de Género (en sus diferentes estados) en el conjunto del país. En lo que respecta a la provincia de Almería, este mismo informe cifra en casi 20.000 los casos registrados, con más de 17.500 víctimas. De estos, la gran mayoría se encontraban al cierre del mes pasado inactivos (lo que significa que, temporalmente, no son objeto de seguimiento policial pero que pueden volver a activarse en cualquier momento). Entre los más de 2.600 activos, dos tercios incluyen a menores.

Los casos activos, con o sin menores de edad a cargo de la víctima, se incluyen dentro de distintos niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo). En la provincia de Almería se computan 325 casos con hijos en situación de vulnerabilidad; 41, en situación de riesgo; y 273 se consideran de especial relevancia.

Estos últimos, de acuerdo a las definiciones incluidas en el propio informe Viogén, son aquellos en los que se ha determinado, tras la valoración policial del riesgo, que existe «una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal». Una situación que, a su vez, se sitúa en nivel medio, alto o extremo. En Almería, la mayoría son de riesgo medio (253) mientras que una veintena de casos están en riesgo alto y ninguno, al menos al cierre de febrero, se encontraban en el máximo grado de riesgo.

No obstante, la clasificación que, de algún modo, apunta hacia la violencia vicaria es la que considera que existen menores en situación de riesgo. El Sistema Viogén refiere 41 casos de este tipo en la provincia almeriense, 38 de nivel medio y tres en alto riesgo. Son estas familias en las que, tras la valoración policial del riesgo, se detectan indicios que apuntan «a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores». Es decir, indicios de violencia vicaria.

El asesinato de dos niñas en Alboloduy hace una semana está abriendo un profundo debate sobre la idoneidad de que un padre investigado, condenado o con antecedentes de violencia de género pueda tener contacto con sus hijos menores de edad a solas. «¿Cómo va a ser un buen padre aquel que maltrata a la madre de sus hijos?», cuestionó en una entrevista con IDEAL ALMERÍA Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. La suya es una de las múltiples voces autorizadas que en estos últimos días demandan que se tenga en cuenta el riesgo de violencia vicaria a la hora de autorizar las custodias y los encuentros familias.

«Los menores son víctimas de violencia de género; son, además, macrovíctimas: víctimas porque son víctimas expuestas a la violencia que sufren sus madres y víctimas por las consecuencias directas no solamente por la exposición, sino cualquier tipo de violencia que se pueda afectar en cualquier tipo de régimen de visita», apuntó, también a este diario, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Superior de Andalucía, Flor de Torres.

Incidió De Torres, además, en que «los casos con consecuencias de muerte en menores, la mayoría de ellos, se están produciendo en ese régimen de visita», llamando a «no solamente prevenir, sino abolir la violencia vicaria» con los instrumentos legales existentes, que, a su juicio, lo hacen posible.

Un nuevo peldaño en la lucha contra esta lacra que se trata de allanar mientras más «hay 1.700.000 niños y niñas que viven en hogares donde el padre maltrata a la madre», según detalló Miguel Lorente.