Ana Julia Quezada, culpable de asesinato con alevosía

Además, a Quezada también se le ha declarado culpable de dos delitos de lesiones psíquicas contra los padres del menor, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por los doce días de silencio en los que no solo no colaboró en el camino de desvelar lo ocurrido sino que, además, intentó encubrirla alentando la posibilidad de que aún se encontrase con vida. El catálogo de hechos probados ayer por el tribunal suma para Quezada dos hechos delictivos más: dos delitos contra la integridad moral de los progenitores por «vilipendiar, humillar y vejar» a ambos «de modo deliberado», dicta el veredicto del jurado. Una acusación que sólo contaba con el soporte de la acusación particular.

El jurado popular -compuesto por siete mujeres y dos hombres- leyó su dictamen durante 59 minutos en audiencia pública en el Palacio de Justicia de Almería, hasta donde se trasladó a la acusada, presa en el Centro Penitenciario 'El Acebuche' desde su detención en marzo del año pasado, cuando fue hallada con el cuerpo del niño en el maletero de su vehículo. Sin embargo, los primeros movimientos se auguraban desde antes. Minutos después de las cuatro de la tarde, a través de las ventanas de la sede judicial se intuía cómo algunas personas se abrazaban. Ocurría en la zona del edificio en la que permanecían aislados e incomunicados los jurados desde primera hora de la mañana -la noche la pasaron en un hotel escoltados por agentes de policía-.

El jurado también se opuso a una potencial suspensión de ejecución de la pena o a una petición de indulto total o parcial de Quezada al Gobierno en una sentencia que pone fin a año y medio de lucha desmedida de los padres del menor para hacer justicia por la muerte violenta de su hijo.

Los padres de la víctima del crimen de Rodalquilar, Ángel y Patricia, víctimas a su vez de este luctuoso suceso, fueron testigos de la lectura del veredicto. Junto a una decena de familiares y amigos, entraron en el edificio judicial serios y callados acompañados de sus letrados, Francisco y Miguel Ángel Torres. En primera fila -y por veces, visiblemente desgarrados por lo que iban escuchando- fueron testigos de la absoluta impasibilidad con la que Quezada escuchaba la retahíla de hechos criminales probados para el jurado.

La sesión cerraba con un «visto para sentencia» que, sin embargo, aventura menos dudas que en otras vistas. Las tres partes personadas solicitaron que el dictamen judicial incluya la prisión permanente revisable. El letrado de la defensa, Esteban Hernández, de forma obligada. Ayer evitó mencionar el nombre de la pena más dura que existe en la legislación. «No tenemos más remedio que acatar lo que dicta el Código Penal», sentenció ante la sala, presidida por la magistrada Alejandra Dodero.

La narración de hechos probados recoge que Ana Julia Quezada, la tarde del 27 de febrero de 2018, «de forma intencionada, súbita y repentina», cogió a Gabriel y tras impactar su cuerpo contra una superficie plana -la pared o el suelo- le tapó la boca y la nariz «con fuerza hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento». El jurado cree inverosímil -basándose en los testimonios y pruebas observados durante el juicio oral- el relato de Quezada, según el cual sólo intentó acallarlo y acabó provocando, por accidente, la muerte del menor.

Valora además en su dictamen el tribunal popular que Quezada no sólo acabó con la vida del menor de forma voluntaria sino que además «simuló encontrarse afligida y compungida» mientras que seguía «alentando los ánimos de familiares y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño», hechos sobre los que deposita la comisión de los dos delitos de lesiones psíquicas y los daños morales a los progenitores de Gabriel Cruz. Es más, consideran los jurados -lo hicieron por unanimidad en todos los puntos- que esto lo hizo con la intención de «añadir más sufrimiento a los padres» en sus continuas escaramuzas.

El jurado no ha visto pruebas que confirmen el consumo de ansiolíticos por parte de Quezada. Su letrado había introducido esta opción como un posible atenuante frente a la ocultación del cadáver durante doce días. Pero tampoco las ha visto de ensañamiento: el abogado de los padres, Francisco Torres, intentó sin éxito demostrar que Ana Julia Quezada no sólo asfixió al pequeño, sino que empleó mucha más violencia en su muerte.

La magistrada Dodero levantó la sesión y cerró uno de los capítulos más negros de la historia de Almería. En cuestión de días se confirmará si Quezada es la primera mujer castigada con prisión permanente revisable.