Unanimidad municipal para estudiar los accesos a la playa de El Alquián

Restricciones aeroportuarias, normativas sobre carreteras, terrenos privados sujetos a expropiación, protecciones y limitaciones ambientales por su afección como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), de Especial Conservación (ZEC) o Lugar de Interés Comunitario (LIC), además de la propia dinámica del litoral que afecta la composición de la playa», son algunos de los factores que la portavoz municipal enumeró para poder responder a esta petición.

«Aunque la moción plantea una mejora para la accesibilidad y disfrute de la playa, los condicionantes legales, administrativos y ambientales hacen que su aplicación efectiva sea extremadamente complicada», resumió Sánchez, emplazando a los grupos municipales a aceptar, en forma de adenda, a la obtención de informes favorables por parte de las administraciones y expertos que garantice su viabilidad, «respetando la normativa vigente y evitando comprometer recursos en actuaciones cuya viabilidad es incierta o directamente inviable».

Por su parte, la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la financiación de la redacción del proyecto del nuevo instituto de La Cañada no salió ayer adelante. Desde el PSOE, criticó su portavoz, Adriana Valverde, que sí se ha comprometido a financiar la redacción del CEIP de la Vega de Acá: «¿Por qué en un barrio sí y en el otro no?».

Añadió, además, que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, «no va a poner ni una sola piedra en esta legislatura de ninguno de los centros educativos prometidos por su partido para la ciudad».

Empleo y medio ambiente

El portavoz de Podemos-IU-LV, Alejandro Lorenzo, no logró ayer apoyo para sus dos propuestas, una destinada a que se incluyan cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratación pública y, una segunda, para crear un observatorio contra el empleo precario y la explotación laboral en la capital.

«No podemos olvidar las denuncias sindicales sobre las obras del AVE», apuntó sobre la investigación abierta acerca de que se «paga apenas seis o siete euros la hora y se le obliga a jornadas de 14 o 16 horas diarias sin el equipamiento de seguridad».