Denuncian cortes de agua y luz en 60 poblados de Níjar «donde viven menores»
Derecho a Techo asegura que los asentamientos han proliferado en el término nijareño desde el desalojo del Walili y exige viviendas «dignas» para sus vecinos
Viernes, 29 de noviembre 2024, 23:02
La plataforma Derecho a Techo ha denunciado la, a su juicio, «preocupante» situación que atraviesan «más de setenta asentamientos chabolistas en el municipio de Níjar, ... donde residen varios miles de personas en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos como agua potable ni electricidad».
Según indica este colectivo en un comunicado, estos poblados proliferan en el término nijareño, «especialmente desde que el Ayuntamiento derribó el asentamiento del Walili, porque el municipio ha doblado su población en los últimos años con la ampliación de invernaderos y la industria agraria del 'bio', pero sin construir alojamiento para los trabajadores, que, además, se encuentran en lugares aislados y sin transporte público».
Mientras esto ocurre, lamentan desde la plataforma que «Níjar y su entorno sigue su proceso de turistificación», lo que conlleva un aumento de la oferta y precios destinados al turismo, tanto de apartamentos de nueva construcción, como de viviendas locales y cortijos.
«En los últimos días, el Ayuntamiento de Níjar ha procedido al corte del suministro de agua en las tomas habilitadas para el aseo en el asentamiento de Atochares, así como al corte del suministro eléctrico en este núcleo», asegura Derecho a Techo. Medida, esta, que, de acuerdo a la información trasladada por este colectivo, deja a «más de 500 personas, incluidas familias con menores, sin luz durante dos días». Trasladan, además, que «el suministro de agua no se ha restablecido» y, a fecha de ayer, solo había «acceso a una fuente no potable ubicada fuera del asentamiento y con un caudal insuficiente».
«Riesgo sanitario»
Apuntan como «especialmente crítica» la situación del poblado de Atochares, donde viven «mujeres y menores de edad». «La privación de agua supone un riesgo sanitario grave para este colectivo y para los trabajadores expuestos diariamente a químicos fitosanitarios y a condiciones de trabajo insalubres», denuncia Derecho a Techo, que añade, asimismo, que también se «impide la higiene básica necesaria para prevenir enfermedades y reducir la exposición a sustancias tóxicas».
«A pesar de los riesgos que supone, algunos vecinos en situación de extrema necesidad han comenzado a consumir agua de pozos contaminados, mezclándola con lejía como única forma de hacerla medianamente potable», traslada la organización, que insiste en que «estos pozos están contaminados tanto por el uso de fitosanitarios como por los pozos negros del propio asentamiento».
Ante esta situación, la asociación alerta de que «estas condiciones pueden llevar a problemas graves de salud e incluso a situaciones de inanición debido a la imposibilidad de cocinar o mantener una mínima salubridad». Es por ello que exigen alAyuntamiento de Níjar y demás administraciones públicas que se restablezca de «inmediato» el suministro de agua potable y electricidad en Atochares y el resto de asentamientos afectados.
También reclama «soluciones habitacionales dignas y alternativas reales para las personas desalojadas, especialmente mujeres y menores» así como un «plan integral de intervención en los asentamientos chabolistas que garantice condiciones de vida dignas, el acceso a recursos básicos y la protección de los derechos humanos».
En el comunicado, la plataforma deja claro que «no promueve la proliferación de asentamientos chabolistas» pero, al mismo tiempo, incide en que no pude «ignorar que la falta de acceso al agua y a la electricidad poniendo en peligro no solo la salud, sino también la vida de cientos de personas». Considera que esta no es la «vía para solucionar este problema complejo, sino de agravarlo».
Así, propone «planes de vivienda para el conjunto de los trabajadores» y reitera su «voluntad de colaborar con las instituciones para buscar soluciones urgentes y sostenibles». «Pero no podemos permanecer en silencio ante esta situación límite», concluye el documento remitido desde la entidad.
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