Declara este martes la acusada de drogar a ancianos para robarles, uno de los cuales falleció

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que la acusada prestará declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería a petición de su defensa, ejercida por el letrado Francisco Ferre, a partir de las 9.30 horas.

La defensa de la acusada ha sostenido desde el primer momento que la aportación de sucesivas pruebas a la causa demostrarían que este es un «caso suflé», en base especialmente a las identificaciones realizadas por los testigos y la pericial forense sobre el fallecido.

La defensa solicitó la libertad de la investigada, quien ingresó en prisión ante las pesquisas realizadas desde marzo de 2023 debido a las múltiples denuncias sobre una mujer que se hacía pasar por asistente domiciliaria y que, tras ganarse la confianza de distintos varones dependientes de avanzada edad, les había «confundido para hacerse con el dinero y los objetos de valor que encontraba en sus viviendas».

A lo largo de los años, se habría producido una escalada en sus acciones, ya que habría empezado a incluir el uso de drogas en sus hurtos. Según precisó la Policía Nacional, en ocasiones, acompañada de una cómplice, llamaba a la puerta del domicilio de su víctima y aseguraba que conocía a algún vecino mientras que «buscaba excusas como pedir un vaso de agua o acudir al aseo» y así registrar el domicilio «buscando dinero u objetos de valor».

Con el paso del tiempo la detenida habría comenzado a actuar en solitario perfeccionando su 'modus operandi'. Así, consiguió supuestamente el uniforme de una conocida empresa de ayuda a domicilio que usaba para ganarse la confianza de las víctimas y poder «merodear» por sus casas y «hacerse con cualquier cosa de valor que encontrara».

Según la investigación policial, habría decidido incluir medicamentos en su proceder pese a que «no tenía conocimiento alguno sobre las sustancias que administraba o las dosis oportunas, poniendo en grave peligro la vida de los ancianos».

Con la «excusa de compartir una bebida», comenzó presuntamente a mezclar barbitúricos en las bebidas de sus víctimas para aturdirlas y poder registrar las casas con tranquilidad. La investigación reveló que los familiares o los trabajadores autorizados para su cuidado los encontraban después «inconscientes o moribundos», por lo que todos «requirieron de atención e ingreso hospitalario».

La investigación avanzó después de los exámenes toxicológicos revelasen la presencia de benzodiacepinas, medicación que ninguna de las víctimas tenía prescrita, según la historia clínica.

Aunque en una rueda de reconocimiento las hijas de dos de las víctimas aseguraron reconocerla, ninguno de los ancianos que fueron citados en febrero de este año, todos de avanzada edad, pudieron señalarla sin reservas en la sede judicial.

Una de las seis víctimas conocidas hasta el momento sí reconoció «sin dudar ni un momento» a la investigada cuando la Policía Nacional le interrogó estando en el hospital y antes de fallecer, según trasladó a los medios su hijo, José Miguel Ortega, tras prestar declaración.

El abogado de la acusación particular, Juan Marfil, valoró en aquel momento dichos reconocimiento pese a las «dudas razonables» mostradas por los afectados, «personas muy mayores, de 85 a 90 años».