Las urnas despiertan al campo y los políticos se ven obligados a escuchar

El sector es consciente de que las principales decisiones que luego tienen que adaptar y aplicar los países se toman en Bruselas, pero también que son los propios países los que tienen que defender allí los intereses del sector y de sus agricultores y ganaderos, para conseguir leyes adecuadas a sus necesidades.

De esta manera, en enero arrancaban manifestaciones y concentraciones por toda Europa reclamando medidas para un sector que estaba hastiado de dar pan y recibir tortas. Unas protestas que se extendían en febrero también a España, cuarto país exportador de productos agroalimentarios de la Unión Europeo y séptimo del mundo, con las tres principales organizaciones agrarias del país saliendo en unidad de acción y anunciando un calendario de movilizaciones hasta el mes de mayo.

El gran aluvión de protestas que se producía en casi todos los países miembros de la Unión Europea y que iban ganando en intensidad y dureza, obligaba a mover ficha a los gobiernos y a Bruselas. Así, en febrero, el Ejecutivo comunitario aprobó la suspensión parcial durante 2024 de la obligación de que los agricultores mantengan un porcentaje de sus tierras en barbecho, medidas que los agricultores debían cumplir para recibir el apoyo de la PAC.

De hecho, en febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidía también la retirada de la nueva regulación sobre pesticidas propuesta para este año, ante las protestas del campo y la falta de apoyo tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo.

En marzo, el Consejo de la Unión Europea también bloqueó la aprobación de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza en su trámite final. Una norma aprobada el mes de febrero por la Eurocámara a propuestas de la Comisión Europea, que tiene como objetivo la recuperación del 20% de los ecosistemas degradados de aquí a 2030 y el resto para mitad de siglo. Y también el pasado mes de marzo Bruselas aprobaba un paquete de medidas para flexibilizar la PAC.

Protestas en España

Entre tanto, las protestas continuaban en España, donde las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA tenían en marcha un calendario de protestas desde febrero fundamento en cinco ejes claros como eran exigir la soberanía comunitaria europea, la preferencia comunitaria y evitar la competencia desleal con productos de países terceros, reclamar una rentabilidad agraria para el sector, así como su defensa férrea por parte de todas las administraciones, reclamar todas las infraestructuras hidráulicas y actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento de las explotaciones de regadío de la provincia, paralizar la extrema burocracia que las administraciones y en especial la Comisión Europea están imponiendo, como el cuaderno de campo digital, solicitar a todas las administraciones competentes, compensaciones por la sequía extrema que está sufriendo nuestra provincia y la flexibilización del Plan Estratégico de la PAC actual, para que adapte a la tipología de las producciones almerienses.

También Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos salía a la calle, en este caso, no de la mano de las otras tres organizaciones agrarias, sino en solitario.

Los tractores y las protestas llegaban a todos los rincones de la geografía española y esto obligaba al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a negociar medidas con las organizaciones.

El 15 de febrero, Planas anunció 18 medidas comprendidas en 7 bloques a través de las que reforzar de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria; avanzar en la simplificación normativa, incluía cuestiones comerciales, se hablaba tímidamente de seguros agrarios, gasóleo profesional, foro de ganadería extensiva e incorporación de jóvenes.

Asimismo, se anunció, entre otras medidas, la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, dotado de mayor financiación y personal, para realizar más inspecciones y mayor número de controles de oficio, recordando que hasta el momento solo se inspecciona el 1% de los productos que entran por los puntos fronterizos, con el objetivo de reforzar la aplicación la ley de la cadena alimentaria.

Otra de las demandas del campo también figuraba entre las medidas como era que la puesta en marcha del cuaderno digital sería voluntaria y se incentivará su adopción. Propuestas que en principio eran bien recibidas por el sector y las organizaciones agrarias como un paso adelante y que se calificaban de buenas intenciones, pero que no paraban las movilizaciones.

UPA firma el acuerdo con el Gobierno mientras COAG y Asaja lo rechazan

El pasado lunes 1 de abril, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ponía sobre la mesa de las organizaciones un acuerdo con 47 medidas. Un documento que recogía los últimos cambios aprobados en materia de la PAC por Europa y en el que volvían a figurar las propuestas del pasado día 15 de febrero, con algunos avances como el mantenimiento de la devolución del Impuesto de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, reducciones en las facturas en el IRPF de los carburantes y los fertilizantes, del 15% del rendimiento neto en el régimen de módulos del IRPF, o la medida de no incluir el IVA compensatorio en la base imponible del IRPF en módulos para alcanzar el límite de 250.000 euros para la permanencia en el régimen.

El acuerdo propuesto por Planas se ha convertido en la guillotina que ha cortado la unidad de acción de las organizaciones agrarias y que de nuevo divide al campo.

UPA se convirtió en la primera en firmarlo, asegurando que muchas de las reivindicaciones del sector quedaban recogidas. Esta misma semana también Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos firmaba el acuerdo con Planas.

Dos firmas que se convierten en motivo para que se paralicen las concentraciones y manifestaciones de estas organizaciones agrarias, al menos contra el gobierno central.

Por su parte, Asaja y COAG, después de un intenso debate rechazaban el acuerdo. Así y pese a reconocer avances, especialmente en materia de simplificación de algunas medidas de aplicación de la PAC, COAG y Asaja los calificaban de insuficientes para responder a las demandas y necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales y echan el falta avances en materias como las cláusulas espejo, vertebración en materia de agua y más recursos económicos para seguros agrarios que permitan abordar las modificaciones propuestas, así como mayor apoyo en materia de financiación para todo el sector, entre otros muchos aspectos.

Una ruptura de la unidad de acción que queda por ver cómo afectará al sector y cuáles serán los siguientes pasos que darán Asaja y COAG, igual que también está pendiente de conocer cómo se avanzará en la concreción de las medidas acordadas por el gobierno con UPAy Unión de Uniones.