Asaja, COAG y UPA acuerdan poner en marcha un calendario de movilizaciones en las comunidades

En el caso concreto de la provincia de Almería, las organizaciones se preparan para movilizarse en protesta de los dos principales problemas que le afectan como son la sequía y las importaciones a terceros países, ante lo que califican de «pasividad de las instituciones que no ofrecen una solución concreta y de carácter urgente a los principales problemas que asolanal sector agrario».

De esta manera, el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, incide en que «hay motivos sobrados para movilizarse. De hecho, compartimos las preocupaciones de los agricultores franceses. Aunque nuestra protesta se centra en dos problemas concretos: la sequía por la situación desesperada que tienen los agricultores y ganaderos de secano de la provincia. Y, por otro lado, la entrada descontrolada de productos de terceros países, fundamentalmente de Marruecos. Un grave problema que el Gobierno tampoco ha sabido solucionar, permitiendo, por el contrario, la entrada de frutas y hortalizas de Marruecos sin control de fitosanitarios ni de ningún otro tipo».

En este sentido, Góngora subraya que «a día de hoy, la única solución para ambos sectores son las ayudas directas. La situación para todo ese colectivo agrario es límite, ya no aguantan más, con una sequía permanente que está matando de sed y de hambre al ganado y disparando sus costes de producción de forma insostenible. O se les ofrecen ayudas directas o están llamados a desaparecer».

El calendario de protestas a nivel provincial se centrará «en el bloqueo de los puertos, puntos principales de entrada de los productos responsables de la competencia desleal y de que la soberanía alimentaria europea esté en peligro», adelantó el secretario provincial de COAG Almería.

La entrada sin control de productos de terceros países, concretamente de Marruecos y la distorsión en los mercados que lleva aparejada pone a la agricultura almeriense en jaque. Se trata de productos que, insisten, acceden al mercado europeo sin control alguno en materia de fitosanitarios y sin ninguna de las exigencias ni restricciones impuestas por las administraciones a través de la Política Agraria Europea.

«Exigimos al Ministerio la puesta en marcha de un sistema de control efectivo sobre las aduanas y los aranceles, además del control sobre el etiquetado de los productos que debe poner en marcha ya la Junta de Andalucía. Las importaciones de productos agroalimentarios no pueden gestionarse de modo arbitrario o imparcial. Es necesario regular las producciones que entran procedentes de terceros países y son las instituciones quienes deben poner en funcionamiento esa intervención», apunta Góngora.

Así pues, la exigencia, desde hace mucho tiempo, para esta provincia es la puesta en marcha urgentede un Sistema Europeo de Control de Importaciones, tanto desde una aproximación analítica como fiscal, y la creación, a medio plazo, de una Unidad Aduanera Europea a través de la cual se haga viable abandonar el sistema actual de aduanas de estado, incluyendo un régimen sancionador asociado. Las importaciones procedentes de terceros países con menos costes de producción son un elemento de distorsión en el funcionamiento de la cadena alimentaria europea, que repercute directamente sobre el sector agrario y que se está convirtiendo en el aval del sector comercializador en su juego financiero.

Todo esto sucede en mitad de un contexto de protestas y manifestaciones en toda Europa, generado según señalan desde las organizaciones agrarias por las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE, que provocan que el sector agrario en Europa y en España esté sumido en una frustración y malestar creciente. «Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa», subrayan las tres organizaciones agrarias.

En este sentido, a nivel internacional COAG, UPA y Asaja, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia, que se aumenten los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. «Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria», sostienen las tres organizaciones agrarias.

Además, reclaman una flexibilización y simplificación de la actual PAC, incluyendo tanto los ecoesquemas como las BECAM, ya que afirman que la excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales, y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Por otro lado a nivel nacional, las organizaciones agrarias reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción, y que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aplique sanciones económicas más acordes a la infracción sometida, además de ampliar sus recursos de control.

A nivel estatal, las organizaciones han alcanzando un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En cuanto a la ley de la Cadena Alimentaria, reclaman que se refuerce para conseguir su máxima aplicación, que el Observatorio de la cadena publique los índices de precios y costes; actualice todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora y que la AICA actúe más a través de los indicios, con inspecciones de oficio, recuperando en los indicios la temática de los «precios anormalmente bajos», como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE.

Los seguros agrarios también tienen su hueco en las reivindicaciones, con la demanda de un presupuesto reforzado para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

Además, en el ámbito de sus competencias, a las Comunidades Autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto, señalan desde las organizaciones, de lucha partidista en ocasiones y en la que los ganaderos son «víctimas inocentes», por lo que exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas se exige un refuerzo real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo, de manera que ninguna solicitud de incorporación de jóvenes se quede sin realizarse por falta de presupuesto, frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario, facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor y replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.