El crucifijo del Madre de la Luz será 'llevado' al Defensor del Pueblo

El motivo es que el Ejecutivo andaluz descarga en la carta su responsabilidad sobre el «mantenimiento o retirada» de los símbolos religiosos, por un lado, al Consejo Escolar del centro, que sería según exponen «al que se le atribuye la competencia de 'proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad de hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar y social'. Asimismo, por otro lado aseguran que «el símbolo al que se hace referencia» se encuentra en la Residencia Escolar Madre de la Luz, que comparte patio con el colegio. Por lo que según la Consejería, corresponde al Consejo de Residencia la «adopción de medidas concretas al respecto».

Ninguno de los argumentos esgrimidos convencen a este padre, que reconoció ayer a IDEAL que la respuesta es la manera «de lavarse las manos» de una Administración que «además de no cumplir los preceptos de una norma que desvincula claramente a los estados de los credos religiosos, quiere enfrentar a los padres dejando la pelota en el tejado del Consejo Escolar», criticó Pérez Guantes, que todo esto le parece una «vergüenza». Precisamente, impulsado ante esta posición «timorata» del ejecutivo y una vez agotada la vía administrativa, este padre trasladará su denuncia al despacho del Defensor del Pueblo Andaluz, como bien le han aconsejado desde el Observatorio del Laicismo, entidad que pertenece a la organización de Andalucía Laica y que se puson en contacto con él tras conocer su batalla.

Manuel Navarro Lamolda es el vicepresidente del Observatorio y el responsable andaluz de la asociación. Ayer negó que la posición de la Junta se ajustase al marco legislativo estatal. «Es cierto tal y como dice el texto que no hay una normativa específica que haga referencia a la existencia de símbolos religiosos en los centros educativos, sin embargo la Administración no puede obviar que la existencia de cruces en un espacio público desde hace años conculca el principio de aconfesionalidad del Estado», argumentó Lamolda, quien aludió también al Estatuto de Autonomía de Andalucía, «que establece en su artículo 21.2, que la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica».

Según explica, el problema se agrava en este caso por tener lugar en un colegio, donde por tanto es a los niños a quienes se «vulnera el derecho constitucional de libertad religiosa». Por tanto, le parece «bochornoso» y «lamentable» el papel que toma la Administración, pues tras desligarse del asunto «fuerza al ciudadano agraviado a defender sus derechos ante la vía judicial con todo lo que ello supone». Es por eso que en paralelo a Pérez Guantes se han puesto en contacto ya con la Consejería así como también lo harán con el colegio o los distintos grupos políticos del arco parlamentario andaluz, para que presionen. «Existe jurisprudencia aunque normalmente estos asuntos se acaban resolviendo sin tener que ir a la justicia. No vamos en contra de nadie, no atacamos a quienes creen en esto o lo otro, sólo defendemos que se respeten los espacios públicos porque representan a todos», concluyó.