El Juzgado de lo Contencioso se hará cargo de la urbanización de Huertos de San Roque en Linares

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Jaén se hará cargo directamente de la terminación de la ejecución, con cargo a las arcas municipales, habiéndose incluso designado ya al perito que determinará y dirigirá las partes que restan por terminar para que los propietarios dispongan de agua potable, transportes públicos, recogida de residuos y los mismos servicios con que cuentan en el centro de la localidad.

Una medida que, como señalan desde despacho sevillano Llocan Abogados -que sustituye por enfermedad a la anterior letrada rectora del procedimiento-, será testimoniada y pasarán al Ministerio Fiscal a fin de que determine «si la desidia y los hechos cometidos por el Ilustre Ayuntamiento de Linares constituyen un delito grave de desobediencia u otros».

En concreto, el juez dictaminaba hace dos años una sentencia favorable a los propietarios de las parcelas y en la que se daba un plazo máximo de un año (hasta septiembre de 2010) para finalizar el proyecto, sin que se haya ejecutado hasta el momento.

Entonces, desde la Concejalía de Ordenación Territorial y Urbanismo del Consistorio linarense se aseguraba, tras conocerse la sentencia de ejecución forzosa dictaminada por el juez, que se realizarían las obras por vía ejecutiva con la intención de ofrecer los servicios a estos vecinos, «y posteriormente se pedirá responsabilidades a la promotora», hasta la fecha no ha explicado el desarrollo de las mejoras a los afectados ni las previsiones existentes para su puesta en marcha según señalan desde el despacho de abogados.

«Después de casi cinco años de procedimientos judiciales, los 20 vecinos que reclamaban la terminación de las obras de la Urbanización Huertos de San Roque de Linares las verán terminarse pronto, convirtiéndose la Urbanización en una de las mejores dotadas de la provincia, viendo cómo el valor de sus propiedades y el dinero que en ellas han invertido se triplica o cuadriplicado. La duda que se nos plantea es si el resto de los propietarios de la Urbanización al verse tan beneficiados, reconocerán el esfuerzo llevado a cabo por sus vecinos o seguirán menospreciándolos y culpándolos de los errores y negligencia ajenos», sostienen los representantes legales.

Años de lucha

El residencial Huertos de San Roque comenzó a construirse en 1991 al margen de la normativa urbanística pero con el compromiso municipal «del desarrollo urbanístico de la zona». En este periodo, parte de las obras fueron recepcionadas durante el tiempo estipulado para ello -hasta finales de 2005- pero no así para el resto de propietarios que, pese a rechazar las indemnizaciones a cambio de que se les presten los servicios a favor de la terminación de la urbanización.

En 2006, un año después de la fecha prevista para el fin de las obras de urbanización de unas parcelas vendidas «como suelo urbano con todos los servicios», los vecinos solicitaron ante el Ayuntamiento que se instará de manera oficial a la promotora la recepción de las parcelas afectadas. La «inactividad» por parte del Consistorio linarense que motivó la presentación de una demanda contencioso-administrativa en cuya sentencia se reconoció la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Linares, a la vez que se establecía un plazo de 12 meses para que los afectados recibieran los servicios básicos.

Sin embargo, lo que parecía que podía ser el primer paso para solucionar el problema de estas familias, no ha tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta ni por parte de la Concejalía de Urbanismo ni de la promotora, a excepción de la retirada del cartel en el que se anunciaba la venta de parcelas en suelo urbanizable.

En este sentido, se calcula que las 20 familias demandantes han invertido a lo largo de estos años miles de euros en infraestructuras privadas que les permitiera contar con los servicios básicos que no han recibido hasta el momento, «y todo ello pese a pagar los impuestos correspondientes». Unos gastos que, sin embargo, se sitúan en un segundo plano ante los problemas de insalubridad a los que aseguran enfrentarse desde hace años, pues los afectados aseguran recibir un suministro de agua que «es solo apta para riego porque está contaminada con heces diluidas y altos niveles de plomo» como se demostró a través de varias analíticas realizadas en la zona.