2.000 asuntos anuales serán derivados a Jaén con el cierre del Registro Civil

«El sector de Justicia de CC OO lleva desde el año 2012 luchando contra lo que primero comenzó con lo que pondríamos llamar una externalización de los trámites que realizaban los Registros Civiles, con el llamado Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) y que el Gobierno pretende culminar el próximo día 15 de Julio con la entrega del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles», explica Manuela Torres, responsable de la sección sindical de CC OO de Justicia en Jaén, quien insiste en la pérdida de un servicio «público, universal y gratuito» con 144 años de historia y «siempre servido por funcionarios de la Administración de Justicia».

El cierre de los Registros Civiles a favor de los mercantiles generará, no sólo un coste por el servicio a los usuarios, sino que se prevé la eliminación de cerca de medio centenar de empleos en la provincia jienense, a la vez que los datos privados quedan «en manos de personas que no son funcionarios y por tanto no están sujetos a los deberes, obligaciones, incompatibilidades y deber de sigilo profesional».

En el caso de Linares, el cese de actividad de su Registro Civil obligará a los vecinos de su zona de influencia a trasladarse hasta Jaén para realizar trámites muy demandados como son los fe de vida, un trámite muy demandado desde el cierre de Santana Motor; o los expediente de nacionalidad, en una población con un gran peso de la comunidad pakistaní. Estos trámites superaron el pasado año los 1.800 asuntos, tramitados únicamente por dos funcionares que también reciben peticiones vía telemática, y a los que se le suman las actas de matrimonio, con cerca de 175 al año y un alto número de actas de nacimiento desde el Hospital San Agustín de la ciudad.

Servicio efectivo

«El gobierno también justifica la privatización el registro civil por el elevado número de quejas que, según dicen recibe de los usuarios y frente a esto, CC OO aporta los datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios que informe que el grado de satisfacción de los ciudadanos en el Registro Civil es del 84%, muy superior a la medida de satisfacción del conjunto de los servicios públicos, es está en el 73%», apunta Torres, que justifica las posibles quejas como consecuencia directa de la dejación del Ministerio de Justicia al no proveer con los medios materiales y personales a las oficinas de los registros civiles, «en los que la plantilla no se ha aumentado desde hace cuarenta años».

En este sentido, desde CC OO se ha presentado ante el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el carácter de servicio público del Registro Civil, su gratuidad y la confidencialidad y privación de los datos personales de la ciudadanía.

Asimismo, el sindicato ha llevado a los ayuntamientos y entidades locales la propuesta de luchar unidos y hemos ejercido el derecho de petición ante el Parlamento Europeo para que se establezca que los registros civiles de los países de la Unión Europea (UE) deben mantenerse en el ámbito público y servidos por funcionarios públicos.