Hellen Prior, la ciudadana británica, cuya casa fue demolida en Vera en el año 2008 y la presidenta de la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUAN) del Almanzora, Maura Hillen, estuvieron ayer en Bruselas frente al Comité de Peticiones de la Unión Europea para expresar la situación en la que están los muchos afectados por el «caos urbanístico» de Almería y para pedir una actuación que obligue al Gobierno español y andaluz a solucionar su situación, en la que dicen están «encerrados» y del que son «víctimas inocentes».
En concreto, Hillen ha solicitado a dicho Comité que se «paralicen las retribuciones que recibe España de la Unión Europea porque se están produciendo atentados contra los derechos fundamentales de las personas».
Maura Hillen ha remarcado que «desde 2006 ha habido muchos informes por el tema de abusos urbanísticos, les podría romper el corazón por las desgracias y estrés que el tema ha causado a miles de ciudadanos europeos. En virtud, de un informe del defensor del pueblo andaluz, del año 2000, hay 300.000 viviendas ilegales en Andalucía», continuaba exponiendo: «creemos que hablamos de un ataque a los pilares fundamentales de la legislación comunitaria por la libre circulación de capital y personas, ya que los afectados estamos atrapados porque ya no podemos vender esas viviendas porque dicen que son ilegales».
Añade Hillen que «el caso de los Prior es el más conocido, pero hay muchos más, que han invertido de buena fe y que ahora su inversión está en peligro, otros no tienen agua, ni luz, porque se fiaron de asesores, abogados, promotores o constructores». También explica Hillen que hay un problema de «discriminación porque los inversores extranjeros que proceden de países bien regulados y que tienen salvaguarda y se espera que en España también sea así, pero no lo es, y es una desventaja comparativa» y hace alusión, en este campo, a las palabras de la consejera de Obras Públicas y Vivienda de Andalucía que «se refirió a una serie de personas que se han asentado ilegalmente en nuestro territorio. Infringen la Carta de Derechos Fundamentales, destrozan los sueños de mucha gente y perjudican su propio mercado».
