Una de cada tres denuncias que se interponen por robos con violencia en Almería es falsa

Esta es una de las cinco simulaciones de delito que el Grupo V de la Policía Judicial de Almería detectó en apenas 48 horas, entre el lunes y el martes de la pasada semana. Esta actividad delictiva está en auge y se ha multiplicado por tres desde el año 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica.

En lo que llevamos de año la Policía Nacional de Almería ha detenido a cuatro personas e imputado a otras 21 como presuntas autoras de una simulación de delito. Una infracción penal que cada día cuenta con más adeptos y que en la mayoría de ocasiones la finalidad es cobrar el dinero del seguro a base de mentiras.

«Las grandes perjudicadas de estas infracciones penales son las compañías aseguradoras pero también toda la sociedad en general, ya que los seguros, para hacer frente a la gran cantidad de incidencias, tienen que aumentar la cuota a sus asegurados». Así lo relata a este periódico el inspector jefe del Grupo V de la Comisaría Provincial de Almería, Marcos Castro, quien resalta que hasta las dependencias policiales de la capital llegan cada mes una media de diez denuncias falsas.

Un hecho que refleja que casi el 50% de las denuncias por robo con violencia detectadas en los últimos meses «resultan ser completamente falsas», señalan los investigadores. Y dentro de las simulaciones de delito las más frecuentes, en palabras del jefe del Grupo V de la Policía Nacional de Almería, son las «simulaciones de delito para cobrar posteriormente el dinero del seguro» por robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en inmuebles o sustracciones de vehículos, descendiendo en los últimos meses los hurtos de teléfonos.

En este sentido, el inspector jefe de la Policía Nacional indica que «una de cada tres denuncias que se interponen en la capital por robos con violencia resultan ser falsas».

Pero no hay que olvidar que poner una denuncia falsa puede acarrear a los infractores dormir en el calabozo, que le abran expediente policial y tener que rendir, finalmente, cuentas ante un juez. Todos buscan ganar un dinerillo a cuenta del seguro con el objetivo de tapar algún agujero. El problema es que la media policial de resolución de este tipo de delitos en la Comisaría de Almería ronda el 90% y muchos de los pequeños estafadores optan por retirar la denuncia. No obstante, si se demuestra la falsedad de lo dicho en comisaría pueden ser acusados de sendos delitos de simulación de delito, castigado con penas de multa de 6 a 12 meses, y estafa, al seguro, también penado con multas. La situación se pone más seria si el dinero estafado supera los 400 euros o si en la denuncia «se imputa un delito falso a una tercera persona, ya que puede conllevar el ingreso en prisión».

Investigadores pioneros

En este sentido, el Grupo V de la Policía Judicial es uno de los más activos de España en número de detenciones por denuncias falsas. Principalmente, por «la forma de interpretar la jurisprudencia». Tradicionalmente en la simulación de delito, tipificada en el artículo 457 del Código Penal, se entendía que había que abrir diligencias previas en el juzgado, pero no policiales. «Por ello, la Policía Nacional no detenía a nadie por este delito», explica el jefe del Grupo V, quien señala que la línea jurisprudencial cambió hace un par de años. «Si antes era un delito de actividad, ahora es de resultado, es decir, admite la tentativa. ¿Y qué implica? En el momento que denuncias un delito se abre la actividad procesal y autorizas a la Policía a la detención en el caso de que resulte ser falso», recalca el agente.

La Policía Nacional cuantifica de 300 a 800 euros el coste de una investigación para determinar si la denuncia es falsa o no. Son las horas de trabajo de los agentes, las horas empleadas para dirimir la veracidad o falsedad del delito denunciado. Después será el juez quien determine si el acusado debe abonar o no el coste de esta multa para pagar, al menos, el trabajo empleado por la Policía Nacional para su averiguación. Tampoco se le escapa a nadie que esta sanción económica busca un efecto disuasorio para frenar la llegada masiva de denuncias falsas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.