El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado

El Supremo mantiene por otro lado las indagaciones relativas a las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario en plena pandemia. Las adjudicaciones presuntamente amañadas de obra pública por parte del Ministerio de Transporte, que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, afectan tanto a Adif como a la dirección de carreteras. El instructor divide la causa porque, según explica, la parte sobre obra pública está en una fase «todavía muy incipiente», mientras que el resto de las pesquisas están avanzadas, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esa parte principal.

El instructor señala el día 5 de junio, fecha en la que se obtuvieron las evidencias digitales intervenidas en el registro domiciliario de Koldo. «El elocuente resultado de dichas grabaciones determina la necesidad de considerar la existencia de un conjunto de adjudicaciones de obra pública, que podría haber tenido lugar indebidamente, a cambio de un precio indiciariamente abonado por las constructoras que así se favorecierían». Sobre las obras, precisa que «es necesario diferenciar entre aquellas que se promovieron, en beneficio de Acciona Construcción, en UTE con otras de menor envergadura, bajo la indiciaria dirección y supervisión de Cerdán; de aquellas otras, de menor entidad económica, que se promovían paralelamente bajo el control o impulso de Aldama, Ábalos y Koldo.

El auto explica que en esta pieza separada por los amaños de obra pública quedan como investigados exclusivamente Ábalos, Cerdán, Koldo y Viíctor de Aldama, además de los empresarios que supuestamente pagaron mordidas para ser favorecidos en los concursos, entre ellos los empresarios granadinos, figuran un empresario valenciano, José R. y Joseba A. A, directivo de Servinabar, empresa que se relaciona con Santos Cerdán.