Pedro Fernández insiste en que las pulseras antimaltrato están funcionando con «absoluta seguridad»

Así lo ha manifestado Fernández en una atención a medios en San Fernando (Cádiz) en la que ha subrayado que los fallos que se detectaron son, según sus palabras, fruto de «una distorsión desde el punto de vista tecnológico». Las delegaciones del Gobierno en Andalucía no han reportado, ha insistido, ningún caso en el que se pusiera en riesgo la integridad física de las mujeres que están en el sistema VioGen.

En el ámbito judicial, sin embargo, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada indicó en febrero de este año, durante la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, que el sistema de control de las pulseras telemáticas estaba fallando y que, dado que se ha acordado la imposición de «muchísimos dispositivos», estos «problemas» se estaban produciendo en «multitud de causas penales».

Quedo registrada en el acta de la comisión celebrada el 19 de febrero de 2025, como ha constatado Europa Press, donde se abordó a propuesta de la Guardia Civil las disfunciones en el funcionamiento del dispositivo Cometa. Ello, después de que la Audiencia Provincial ya alertara de los fallos en las pulseras en julio de 2024.

En la comisión de febrero, presidida por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, la Guardia Civil explicaba que «un número de víctimas» aseguraron sentirse «desprotegidas» debido al «perjuicio» que le estaba suponiendo la asignación de dispositivos. De hecho, indicaron que estas mujeres se plantearon renunciar al uso de la herramienta, llegando «alguna» a entregarlo en sede judicial.

En este punto, la magistrada de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada indicó que estos fallos del sistema de control de los dispositivos estaba generando «una situación de ansiedad e inseguridad en las víctimas» y «un grave problema de prueba en la tramitación de los procedimientos por quebramientos». A ello unía la magistrada que se está acordando la imposición de «muchísimos dispositivos», por lo que dichos problemas se están produciendo en «multitud de causas penales».

Por su parte, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada incidió en que para proteger a las víctimas es necesario que se corrigieran las disfunciones, recordando que los informes que se emiten sobre el funcionamiento del dispositivo Cometa tienen presunción de veracidad. Así, si en el informe consta que el presunto agresor «estaba a 80 kilómetros de donde la víctima afirma que estaba, eso tiene mucho peso probatorio» y «no ha de olvidarse el principio de presunción de inocencia».

Esto ha llevado a las dos magistradas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada y a la fiscal coordinadora a remitir un informe al presidente de la Audiencia Provincial para poner de relieve las principales disfunciones y errores que se han informado en los informes de Centro Cometa.

Los operadores solicitaron una auditoria de Cometa, la empresa encargada de los brazaletes antimaltrato. Los intervinientes concluían que los dispositivos de la nueva empresa adjudicataria están funcionando «mucho peor», Los operadores judiciales y la Guardia Civil indicaban que existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio y planteándose renunciar a esa medida de protección, llegando alguna víctima a entregar su dispositivo en sede judicial. Los fallos generan «ansiedad e inseguridad » y un grave problema de prueba en la tramitación de los procedimientos por quebrantamiento, que ha provocado muchas absoluciones. La fiscalía proponía abrir diligencias de investigación sobre los fallos y elevar el informe a Fiscalía General.

No son las únicas incidencias detectadas en el sistema. Las actas de julio de 2024 y febrero de 2025, remitidas al CGPJ y este a su vez a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, destacan varios problemas: dispositivos de localización defectuosos, colapso de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, aumento de carga por la instrucción de delitos sexuales, falta de soluciones habitacionales para víctimas vulnerables y la necesidad de grabación inmediata de requisitorias judiciales en caso de fuga de agresores.