La Patronal sitúa Granada entre las provincias que peor soportarán el alza del SMI

El nuevo SMI para 2024 quedará establecido este viernes en la mesa del diálogo social, con la amenaza de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la CEOE convertida ya en castigo, una vez que los empresarios han rechazado de forma oficial sumarse al acuerdo para elevar el SMI en un 4% y que suba de 1.080 euros a 1.123 euros (en 14 pagas). Ahora será aún más, aunque está por ver donde fija el listón el Gobierno. CC OO y UGT aspiran al menos a un 5%.

La intención del Ejecutivo con los sucesivos incrementos es situar finalmente el SMI en el 60% del salario medio del país, siguiendo una recomendación de la Comisión Europea. Sin embargo desde Cepyme inciden en que hay 38 provincias donde, por sus salarios medios más bajos y el tamaño de las empresa, estos porcentajes ya se superan en la actualidad.

«Esto tiene grandes implicaciones en la productividad empresarial, así como en la negociación de los convenios colectivos», advierten. Según el informe de salarios publicado por la patronal nacional de la pequeña y la mediana empresa, los 1.080 euros del SMI actual suponen ya el 68% del salario medio bruto que perciben los trabajadores de la provincia de Granada a jornada completa, muy por encima ya de ese 60% al que aspira el Ejecutivo a nivel nacional.

De hecho, en Granada si el SMI subiera un 5%, hasta los 1.135 euros, superaría el 67,9% del salario medio provincial actual. La diferencia se agudiza en las pequeñas empresas de Granada con menos de 50 trabajadores, donde la subida supondría alcanzar el 78,1% del salario medio provincial, según el estudio de Cepyme.

«Eso quiere decir dos cosas: que las empresas granadinas están dejando de ser competitivas porque están viéndose obligadas a pagar salarios por encima de la realidad de Granada; y, en segundo lugar, que, en algunos sectores, sencillamente las empresas no puedan seguir contratando y por tanto se puede poner en riesgo su actividad normal», analizan desde Cepyme.

La Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el granadino Gerardo Cuerva, insiste en que la teoría de que el SMI no puede ser la herramienta con la que el Gobierno hace política social.

«El Gobierno ha decidido que los salarios sean parte de su política social, con el SMI como pieza fundamental. Y no podemos estar más en desacuerdo. El salario es la contraprestación a un trabajo que desarrolla un profesional y tiene que ver con su capacidad, su experiencia, el valor que aporta… y su fijación debe ser una responsabilidad de trabajadores y empresarios», analizan.

Desde Cepyme consideran lógico que el Estado aporte una cantidad para suplementar a los trabajadores que por la razón que sea, coyuntural, no perciban un salario suficiente. «Pero no es lógico y es contraproducente que esa aportación sea parte del salario… porque en la práctica lastra a las empresas especialmente en provincias como Granada y en las pequeñas empresas y a la postre dificulta la contratación», concluyen.