Las medidas anticovid se prorrogan 'sine die' en los juzgados de Granada

En la pared que hay frente a esta ciudadana, hay un cartel en el que se establece que el aforo máximo en esa planta es de 17 personas. Se trata de una estancia rectangular, no muy grande, salpicada de puertas, pocas sillas para sentarse y dos o tres pasillos. No hay más de ocho almas cuando acude este diario, que comprueba 'in situ' que Caleta sigue relativamente 'blindada' frente a la covid-19. Lo estará mientras continúe habiendo crisis sanitaria.

Por ley, tras decaer el estado de alarma, las medidas anticovid del edificio se han prorrogado 'sine die'. El final de su implantación lo marcará el de la crisis sanitaria. Existe, como explica el juez decano del Partido Judicial de Granada. Jesús Rodríguez Alcázar, una disposición transitoria (la segunda) de la ley 3/20, que aborda las previsiones en materia de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Ahí se estipula que las medidas estarían vigentes hasta este 20 de junio de 2021 inclusive, si bien se añadía que «si a dicha fecha se mantuviera la crisis sanitaria, seguirán de aplicación hasta que el Gobierno central declare de forma motivada la finalización de la situación.

En la puerta de la sala de vistas donde aguarda Cristina antes solo solía pegarse con celo la hoja de los juicios del día. Ahora está plagada de instrucciones contra 'el bicho'. «Cuando entre en la sala de vistas, utilice el dispensador de gel desinfectante», indica uno de los folios que reciben a testigos, peritos y profesionales. «Toda persona deberá llevar mascarilla que le tape la nariz y boca de forma permanente dentro de la sala o, en caso contrario, se suspenderá inmediatamente la vista», advierte otro. También puede leerse en otra hoja que la capacidad máxima de esa sala, en la crisis sanitaria actual, es de 11 personas.

Las medidas en los juzgados fueron adoptándose forma paulatina tras declararse el primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020. Se hizo siguiendo las directrices del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las restricciones principales fueron las limitaciones en el acceso y el control de aforos. Todo, salvo lo urgente, quedó suspendido hasta nueva orden.

La paralización duró alrededor tres meses. «Inicialmente se tuvo que trabajar con una absoluta falta de medidas, pero es que no había medios de protección en ningún sitio», rememora el juez decano. De hecho, en aquellos primeros meses, solo los funcionarios del Juzgado de Guardia tenían mascarillas, «y se daban con cuentagotas».

En aquellos albores de la pandemia, el gel hidroalcohólico también era un bien preciado. En caleta, se tuvo que elaborar por el propio personal de los juzgados. Esos fueron los primeros dispensadores a mano allí. Tras las primeras semanas de miedo, improvisación y falta de medios, la Junta de Andalucía comenzó a suministrar material para protegerse frente al coronavirus.

«Cuando ya se reanudó la actividad con el fin del primer estado de alarma, se pidieron más medidas de protección, como que hubiera gel hidroalcohólico en todos sitios, mascarillas suficientes o mamparas en las salas de vistas», añade el juez decano, tras resaltar que las peticiones fueron atendidas.

Hubo, no obstante, sedes con incidencias especiales, como la de los juzgados de Plaza Nueva, donde las salas de vistas carecían de ventilación. «Se tuvieron que suspender todos los juicios hasta que se realizaron las obras pertinentes por parte de la Delegación de Justicia», recuerda el magistrado.

En Caleta sigue habiendo medidas de limitación del acceso y se están realizando muchas declaraciones y juicios por videoconferencia. Las escaleras interiores del edificio para acceder a alguna de sus siete plantas se están usando más que nunca, puesto que en sus ascensores solo se aconseja que suba una persona. Si lo hacen más, deben pertenecer al mismo núcleo de convivencia.

De las restricciones de acceso en la entrada al complejo se ocupa a la Guardia Civil. Los agentes de la puerta, que se encargan de cinta y el arco de seguridad, han sumado a sus labores cotidianas la de verificar que el justiciable que se adentra en el inmueble esté citado. A los acompañantes no se les deja pasar y, en caso de comparecer sin documento judicial acreditativo, al individuo se le facilita el teléfono del juzgado para pedir cita previa.

El imprescindible servicio que presta la Benemérita ha sido además reforzado recientemente con vigilancia privada a fin de evitar aglomeraciones en determinados espacios. La tarea de estos vigilantes es garantizar que no se agolpe la gente y no se superen aforos en las zonas de espera de las salas de vistas. «Es verdad que por las propias las características de este edificio hay ocasiones en las que se produce mucha acumulación de personas, más de las que recomienda la propia delegación», admite Rodríguez Alcázar.

Esa realidad es criticada por distintos sindicatos, como SPJ-USO (mayoritario en Justicia en Granada), CSIF o STAJ. Sus respectivos delegados, Eloy Maza, Silvia Martín y Antonio García coinciden en que las medidas no son suficientes.

A la experiencia de los funcionarios de los juzgados de la Caleta durante la pandemia le ponen voz Nati, auxilio judicial de Penal 2, y Adelaida y Encarni, tramitadores de Penal 1. «Al principio, lo vivimos mal, con mucho estrés. Todo era miedo a lo desconocido. Luego es verdad que nos dieron medios y que la Guardia Civil ha estado controlando el acceso al edificio», señala Nati, que da fe de que normalmente la mayoría de los ciudadanos son respetuosos y, cuando entran a la sala de vistas, se desinfectan las manos.

Aunque parezca que la gente está más relajada en la calle, lo cierto es que en los juzgados las medidas siguen siendo las mismas de hace meses. Quizás se respire un poco más flexibilidad, pero las barreras siguen en su sitio. «Ya dejamos un poco más pasar a abogados y a procuradores, pero no a ciudadanos de a pie. En ese caso, somos nosotros los que nos acercamos a notificarles a la mampara de la entrada», admite la auxilio del juzgado que dirige el juez Antón Henares.

«La gente sí ha sido respetuosa, pero la verdad es que el edificio no estaba preparado para esto», dice Encarni, mientras que Adelaida deja claro que «el problema son los juicios», puesto que en los pasillos «se acumula mucha gente». Ninguna de las dos diría que los juzgados están 'blindados', sobre todo si se compara este servicio público con los prestados por otras administraciones, donde el teletrabajo a mantenido a sus trabajadores a salvo y al virus a raya.

«No ha sido una burbuja; hemos recibido a condenados que han venido personalmente a cancelar sus antecedentes penales, mientras que a mí, como ciudadana, para hacer una gestión en la Junta, se me ha atendido únicamente por teléfono», se despide una de las tramitadoras. En la puerta de la planta baja, en la entrada, un agente para a una mujer que cruza decidida el arco. Va con prisa. «Señora, ¿dónde va usted? La mujer saca su citación y la dejan entrar. Todo está en orden.