Más de dos años y medio de atasco en la valoración de la discapacidad

El problema es que este centro –saturado de trabajo y escaso de personal, según los sindicatos– es el único autorizado de la provincia para emitir el certificado oficial de la Junta de Andalucía que acredita la discapacidad y la correspondiente tarjeta, necesarios para acceder a la multitud de pequeñas ayudas que el estado de bienestar ofrece a las personas con una discapacidad o sus familias: prestaciones económicas de la Seguridad Social, becas de estudio, deducciones en el IRPF, acceso a empleo público, subvención de terapias, ayudas al transporte, descuentos en actividades culturales y de ocio, bonificación de medicamentos o prioridad en el aparcamiento, entre otras.

Para la solicitud de las ayudas a la dependencia –que también gestiona la Junta, pero a través de otro programa de evaluación, con visitas a domicilio– no es necesario tener el certificado del grado de discapacidad, aunque sí es recomendable. Muchas ayudas no se pueden cobrar retroactivamente.

En el CVO o 'centro base' trabajan, además de personal administrativo, equipos de médicos, psicólogos y trabajadores sociales que entrevistan a la persona con discapacidad y a su familia, y analizan los informes sanitarios y/o sociales que estos aportan para conceder o, en su caso, actualizar el certificado.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad puso en marcha un servicio de atención telefónica 24 horas, a través del número 900 55 55 64, para ofrecer información, pero «nunca coge nadie», denuncian los afectados. Las cartas con cita para la revisión que deberían recibir las familias unas semanas antes de que caduque el certificado de discapacidad –en los menores de edad o en los casos en que el estado de salud puede cambiar– no están llegando. Y presentarse en el CVO de la carretera de Alfacar sin cita previa es una lotería: puede que te atiendan, puede que no. Para rematar, afirman los afectados, hay frecuentes fallos informáticos y la impresora que fabrica las tarjetas está rota.

Según fuentes del CVO, la espera media para conseguir el certificado por primera vez –niños o discapacidades sobrevenidas, por ejemplo a consecuencia de un ictus o un accidente– es de 33 meses, mientras que en los colectivos con prioridad la demora se reduce a 18 meses (mayores de 75 años) y 15 meses (menores de edad).

Preguntada la Junta por los motivos de este retraso, se remitieron a la intervención de la consejera Loles López, que informó en el Parlamento hace unos días sobre los resultados de la «reforma estructural» de los CVO emprendida por su departamento, que permitió aumentar en un 58% las resoluciones emitidas en 2024 y reducir un 15% la demora en las que afectan a menores de edad. Sin embargo, no concretó el alcance de la lista de espera por provincias y reconoció que la mejoría se nota sobre todo en Sevilla, donde comenzó a aplicarse la reforma. En otros puntos como Granada habrá que esperar aún.

El artículo 12.4 del real decreto 888/22 del Ministerio de Derechos Sociales establece que «cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución». Sin embargo, muchas familias viven con el corazón en un puño porque su certificado consta como caducado y eso complica aún más su vida.

El atasco del CVO de Granada ha sido objeto de preguntas parlamentarias por parte del PSOE e IU y de denuncias de los sindicatos UGT y CCOO y la organización de consumidores Facua. El Defensor del Pueblo Andaluz recogió en una investigación de oficio en 2021 las quejas ciudadanas. En aquel momento, el tiempo de resolución del procedimiento de reconocimiento y de revisión a instancia de parte era de 19 meses en Granada, mientras que las revisiones de oficio «se realizaban puntualmente», según los datos de la delegación provincial. Era la segunda mayor demora de la comunidad, solo por detrás de Málaga.

Y ha ido a peor. Según UGT, después de la pandemia la Consejería ordenó a los centros provinciales priorizar las nuevas solicitudes frente a las revisiones de oficio. Esto ha dado lugar a una práctica nueva: la valoración telefónica que, aunque agiliza el procedimiento, algunas familias ven con temor, porque podría facilitar el fraude. El sindicato critica la externalización de servicios –como el teléfono de información o la grabación de datos– y pide a la Consejería que dote las plazas vacantes por jubilación o bajas laborales y actualice la RPT.

También las organizaciones que atienden y representan a las familias lamentan esta situación. La asociación Mírame de apoyo a personas con autismo destaca la «angustia y estrés» que este atasco provoca en los afectados y recuerda que «cada mes que se retrase la valoración se está limitando el acceso de las familias a ayudas y recursos a los que tienen derecho y que permiten que los niños y niñas se desarrollen con las herramientas necesarias para aprender en igualdad con los demás».

La trabajadora social de Aspace se muestra «indignada» por estas demoras, que –asegura– desde la pandemia son generalizadas también en la gestión de las ayudas a la dependencia, los servicios sociales comunitarios o la Seguridad Social. En los últimos años se ha convertido en una experta «sacadora de citas» para familias que no saben o no pueden hacerlo. «Antes la administración estaba al servicio del ciudadano y ahora es al contrario», critica.

La gerente de GranaDown, María Matilla, explica que tras llegar a una situación «insostenible» hace dos años –cuando una niña con Trisomía 21 fue valorada pasados los dos años de vida– exigieron al CVO reactivar el protocolo que permitía acelerar los trámites en el caso de estos niños, que tienen un diagnóstico de discapacidad desde que nacen –a veces antes– y para toda la vida. «Ahora nuestros niños reciben en un par de meses la tarjeta con un grado de discapacidad del 33%, el mínimo para acogerse a ayudas, y más adelante ya se les valora», explica.