La ley de la playa en Granada

No son las únicas conductas que mucha gente practica sin pensar y que, sin embargo, están prohibidas: orinar en el mar, pescar en las zonas de baño, pasear al perro, instalar carpas o utilizar gel en las duchas públicas son otras actividades ilegales que pueden conllevar un apercibimiento por parte de la Policía Local e incluso sanciones económicas.

Como la mayor parte de los municipios en España, los ayuntamientos costeros de Granada basan sus ordenanzas de playas en la ley 22/1988, más conocida como Ley de Costas.

Almuñécar, por ejemplo, se rige directamente por esta ley y algunas disposiciones autonómicas, mientras aprueba su propia ordenanza. La concejal sexitana de Medio Ambiente, Playas y Comercio, Lucía González, explica que la vulneración más persistente y molesta a la que se enfrentan es la protagonizada por las motos de agua: exceso de velocidad en los canales náuticos, entradas no permitidas en el área de baño, maniobras temerarias... La empresa de los socorristas utiliza drones de vigilancia para mantener a raya a los pilotos, pero la competencia de sancionar estos comportamientos no es del Ayuntamiento, que se limita a informar y aportar pruebas a Capitanía Marítima. El verano pasado registraron 140 infracciones.

La presencia de perros y las sombrillas 'abandonadas' son las otras dos vulneraciones más frecuentes de la normativa en los arenales sexitanos.

En Motril, el Ayuntamiento aprobó en 2012 una ordenanza que es prácticamente calcada a los artículos de la Ley de Costas relativos a los arenales. Incluye, por tanto, la advertencia de que «el paseo, la estancia y el baño pacíficos en la playa y en el mar tienen preferencia sobre cualquier otro uso». Eso implica que otras actividades, juegos o ejercicios –por ejemplo, jugar a fútbol o a palas o lanzar un frisbi– solo podrán realizarse a una distancia mínima de 6 metros y siempre que no molesten a otros usuarios.

Salobreña también aplica una normativa muy similar y difunde un 'Decálogo de Buenas Prácticas' que incluye, por ejemplo, la necesidad de pedir autorizació si se quiere hacer «una moraga o barbacoa» o la prohibición de «hacer ruido con reproductores musicales».

El concejal de Calidad Urbana y Economía Circular, Luis Cano, resalta que lo que más dolores de cabeza les causa son los pescadores impuntuales y los propietarios de mascotas. «Hay pescadores que siguen en la playa a las nueve de la mañana, cuando ya no se puede estar, o aparecen a las siete de la tarde, antes del horario permitido», lamenta. Respecto a los perros, admite que el consistorio se plantea crear una playa canina para evitar que los animales campen a sus anchas por todas ellas, especialmente a primera hora de la mañana. «Pero es verdad que es difícil de gestionar», admite.

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, explica que las actividades playeras que más guerra dan al ayuntamiento y más sanciones generan son la pesca practicada fuera del horario permitido, las motos de agua y las basuras abandonadas en la arena. «Las motos de agua se han puesto de moda en los últimos años y muchas veces no respetan los canales náuticos ni la distancia de 200 metros de la costa en la que pueden circular», lamenta Sánchez.

En cambio, en Albuñol no tienen el sempiterno problema de las sombrillas solitarias para reservar sitio a primera hora de la mañana que tantos quebraderos de cabeza da a otros pueblos: la localidad les ha ganado 22 hectáreas de arenales a los invernaderos y, con ello, ha triplicado la superficie de las playas de La Rábita y El Pozuelo.

En cuanto a los perros, está prohibido pasearlos en la costa –excepto en el parque canino–, pero en zonas poco concurridas y a primera hora de la mañana la norma se aplica con más laxitud, admite la regidora de Albuñol.

La primera edil de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, también destaca la presencia de animales domésticos como una de las infracciones más repetidas en las playas de su término municipal a la ordenanza aprobada en 2017. «Todos los veranos hacemos una encuesta y, aunque hay algunas quejas por otros temas –la pesca, las barbacoas o las motos de agua–, la más habitual es la de los perros, que en temporada de baño, del 15 de junio al 15 de septiembre, no están permitidos», recuerda la alcaldesa. Pese a todo, la satisfacción de los bañistas es alta y las sanciones, escasas. «A veces hay una discusión entre usuarios, pero normalmente basta con que llegue la Policía Local para que se acabe», reconoce.

La normativa estatal contempla sanciones de entre 50 y 300.000 euros para toda la variedad de conductas reguladas en su articulado. Sin embargo, un somero repaso a estas reglas y una breve estancia en cualquier playa de nuestro entorno son suficientes para concluir que su aplicación es, cuando menos, relajada.