Las cámaras de la Carretera de la Sierra que llegaron a juicio

El inmueble cuenta con ocho comunidades de vecinos y el caso llegó a juicio hace unos meses, el pasado 18 de octubre. La instalación de las cámaras fue adoptada por la comunidad de propietarios de la parte central tras la celebración de una junta general en diciembre de 2019. La decisión no gustó a todos los usuarios de esa zona común.

La demanda la interpusieron quienes tenían que atravesar la zona vigilada de sus convecinos para desviarse hacia su escalera y no ha prosperado. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital ha desestimado su demanda, al entender que la gestión de esa zona compete exclusivamente a la comunidad que adoptó la decisión de colocar las cámaras de la controversia con el objetivo de «dotar de un sistema eficaz de seguridad para sus vecinos».

Antes de que el asunto de las cámaras llegase a una sala de vistas, la del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada, los moradores litigantes, que consideraban que se vulneraba su derecho a la intimidad cada vez que atravesaban el portal vigilado, habían pedido que cesaran las grabaciones como medida cautelar. Pero aquella primera petición también fue desestimada.

Fue la misma jueza, la magistrada Inmaculada Lucena, la que determinó, en el mes de abril del año pasado, que no procedía retirar los aparatos mientras se tramitaba la demanda. Lo hizo en un auto que la mancomunidad acabó recurriendo ante la Audiencia Provincial de Granada, que el 26 de noviembre pasado avaló su negativa.

La sentencia dictada tras el juicio, que entra en el fondo de asunto e impone a la mancomunidad demandante las costas del procedimiento, absuelve a la comunidad que había blindado su portal con las cámaras.

Desestima así la petición de la mancomunidad, que decidió pleitear tras requerir formalmente a la comunidad promotora de las grabaciones que quitase los aparatos y hacer esta «caso omiso».

La mancomunidad alegaba que las cámaras habían sido «colocadas sin conocimiento previo ni consentimiento de todos los propietarios afectados en la mancomunidad y que grababan sobre zonas comunes». Frente a ello, la comunidad promotora defendía su decisión con un argumento que ha sido acogido por la magistrada: que el portal central –el vigilado– era un «elemento común de su exclusiva administración y gestión».

En sus razonamientos, la jueza destaca que en el juicio «fue un hecho no discutido que cada comunidad tenía un portal de acceso directo a la vía pública», excepto la comunidad demandante, cuyos vecinos accedían a través del portal central «y desde el mismo giraban a la izquierda para acceder a sus elementos comunes».

La magistrada hace referencia a los testimonios prestados por la administradora de la mancomunidad y el presidente de la de la comunidad demandada, entre otros, que «a pesar de compartir esta entrada común», las decisiones sobre administración y gestión de dicho elemento común las acordaba la comunidad demandada, sin la intervención de la comunidad de los vecinos de la escalera contrarios a las cámaras.

El fallo revela, eso sí que desde hacía un año, por un acuerdo verbal, los habitantes de la escalera molestos con las cámaras estaban contribuyendo a los gastos de mantenimiento y conservación de dicho elemento.

Las fuentes conocedoras de este caso consultadas por este diario indicaron que esta sentencia no fue finalmente recurrida y que las cámaras siguen donde estaban.