«Mándame el pliego en word. Tengo que hacer las modificaciones»

Las pesquisas sobre el contrato de las audioguías -del que la fiscalía sospecha que pudo provocar al monumento un quebranto superior a los cinco millones de euros- fueron el punto de partida para que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional destape una presunta trama entre miembros del Patronato y un reducido grupo de empresas.

La investigación sigue abierta y en las últimas semanas se han incorporado nuevos testimonios y documentos a un sumario que ya supera los 8.000 folios. El asunto de las audioguías ha quedado relegado a un segundo plano y la instrucción se ha centrado en el patrimonio de un grupo de antiguos directivos del monumento y su círculo familiar y de amigos.

La Audiencia Provincial ha limitado hasta en dos ocasiones esta prospección para evitar que el procedimiento se convierta en una suerte de «inquisición general», como reprochan los querellados. Pero la investigación sigue, aunque tras 16 meses de instrucción los principales protagonistas -entre ellos la propia Villafranca- todavía no han prestado declaración en sede judicial.

El 16 de septiembre sí compareció ante la Policía Nacional de forma voluntaria la que fuera jefa de la sección de Gestión Económica y Contratación del Patronato entre julio de 2008 y octubre de 2015. Helena C. C. entregó 396 folios con despachos internos, correos electrónicos y conversaciones de whatsapp. Material que pone en entredicho parte de los contratos y concursos que se hicieron desde el monumento. Según su testimonio -y otros anteriores-, eran los propios empresarios quienes, en algunos casos, dirigían supuestamente la licitación desde fuera, con la colaboración de varios trabajadores situados en puestos de responsabilidad.

Alterar los pliegos

«No me mandan el pliego de prescripciones técnicas, que es el que necesitamos modificar. Dime qué quieres que hagamos».

Es el texto de un 'e-mail' enviado aparentemente por la representante de una editorial al área de Contratación del Patronato de la Alhambra el 17 de enero de 2012. Le demanda la información para poder optar a un contrato. «Tengo que hacer modificaciones y no puedo hacer ningún cambio», añade minutos después. «Necesitaría que me mandaran por favor la parte del pliego de prescripciones en word. (.) Es donde tengo que hacer las modificaciones», persiste por tercera vez a lo largo de la misma mañana. La interlocutora no accede y le advierte de que las condiciones las pone el Patronato y no se pueden alterar. Ante la falta de respuesta, la representante de la empresa se dirige por la tarde directamente a la jefa de los servicios jurídicos en tono coloquial: «'Carri', no me mandan el pliego de prescripciones. Dime qué quieres que hagamos».

Ese mismo año 2012, el Patronato de la Alhambra adjudicó a esa empresa un contrato en el mes de noviembre por 43.269 euros y, en 2014, otro por 46.800. En ambos casos, a través de la fórmula de 'negociado sin publicidad'; según la Policía, el «procedimiento más utilizado» y que limitaba que cualquier empresa pudiera concurrir.

Cosa de tres

El 'negociado sin publicidad' consiste en invitar a tres sociedades concretas para que opten a un contrato. En los casos investigados, dos de las mercantiles daban marcha atrás al unísono -el mismo día y a la misma hora- y, automáticamente, la tercera resultaba adjudicataria. La Policía sospecha que se «invitaba a concurrir a empresas afines a la que de antemano estaba destinado el contrato y estas empresas de 'relleno' remitían carta de renuncia».

Como prueba de este presunto amaño, la Udef le muestra a Helena C. C. las cartas de renuncias localizadas en cuatro expedientes. Los agentes advierten de que son las mismas misivas repetidas una y otra vez en años distintos. Además, los párrafos reproducen similares argumentos. La testigo califica lo sucedido como «inconcebible», aunque apunta que algo intuía: «En una inspección realizada en 2009, se venía a decir que las cartas eran sospechosamente parecidas e incluso con número de registro consecutivo».

La exjefa de Gestión Económica y Contratación admite en su declaración que, en «algunos casos», el procedimiento estaba viciado: «Cuando se elaboraba el pliego de cláusulas administrativas particulares, al fijar los criterios de solvencia y baremación, puedes restringirlos tanto que, al final, se convierte en un traje a medida de la empresa a la que se le quiere adjudicar el contrato. Por otro lado, los criterios de baremación eran muy subjetivos. En algunos casos pensé que las mesas de contratación eran un paripé y que los contratos ya estaban adjudicados de antemano».

La Udef también añade como indicio de estos presuntos contratos a dedo que han aparecido facturas de algunos trabajos fechadas antes incluso de la firma. «Era habitual que los trabajos comenzaran antes de ser adjudicados y que, posteriormente, se elaborara un procedimiento de contratación para abonar el importe, cosa que cuando tomé posesión sucedía habitualmente y después de muchas presiones por mi parte se fue regularizando», declara la responsable del servicio durante siete años.

Por su parte, la defensa aportará al sumario sendos informes firmados el 21 de mayo de 2015 por un interventor y un letrado de la Junta, donde defienden la legalidad de todos los contratos de la Alhambra en los que ellos han participado.

La supuesta trama

Según los testimonios recabados durante la investigación, en el centro de la presunta trama que operó en el Patronato de la Alhambra y que pudo beneficiar a un grupo reducido de empresarios estarían la exsecretaria general Victoria Chamorro y el que fuera jefe de Contabilidad y de Comercialización, José María Visedo. La exjefa de Gestión Económica y Contratación apunta en su declaración que la anterior directora, María del Mar Villafranca, estaba «centrada en otros ámbitos de la gestión -protocolo, exposiciones, congresos...-, y delegaba todo lo referente a contratación en Chamorro, si bien era conocedora plenamente de todo lo que sucedía». No obstante, apunta que el «papel principal» lo llevaban Chamorro y Visedo. Este último era, en la mayoría de los casos analizados por la Policía, quien decía a qué empresas había que invitar a los contratos.

Uno de los investigados ha manifestado a IDEAL su pretensión de recurrir la declaración de esta trabajadora. Entiende que no debió producirse en sede policial y que el testimonio ha estado presuntamente dirigido para incriminarle.