El Ayuntamiento revisará el expediente del piso del exalcalde y si se abonó la multa

Desde el equipo de gobierno aseguraron ayer que ya están analizando el expediente completo y si se ha abonado o no la multa que se le impuso a la cooperativa que construyó el edificio por no respetar la altura; una sanción que se resolvió después del registro policial, con un gobierno 'interino' y a ocho días de que el PP perdiese la alcaldía. El portavoz del gobierno local, Baldomero Oliver, señaló que este caso es «una nueva sombra de sospecha en el urbanismo de esta ciudad y en la gestión urbanística, en la que ya es raro que en las vivienda del exalcalde y la exconcejala hayan tenido una sanción que ha ido menguando de forma extraña».

Para el portavoz, «en el urbanismo de esta ciudad ha caído una sospecha razonable de que no se ha gestionado en función de los intereses generales, sino en función de otros intereses», declaró Oliver. Y precisó que el equipo de gobierno está analizando el asunto. «Estamos investigando la situación de esa deuda, el procedimiento que llevó a la reducción y estamos investigando si efectivamente esa deuda se ha abonado o no; por si fuera necesario colaborar con la justicia, en caso de que fuéramos requeridos», matizó el también concejal de Economía.

Para el portavoz municipal, el hecho de que se transfirieran las competencias de licencias al exedil Juan Antonio Mérida 48 horas antes de las elecciones municipales, es una decisión que no está «justificada desde el punto de vista funcional, y está pendiente de que se explique en atención a lo que está viendo la luz». Tras recibir esas competencias en vísperas de las elecciones de 2015, Mérida firmó el decreto para conceder licencia de primera ocupación al bloque donde vive el exalcalde.

La vicesecretaria del PP de Granada, Marifrán Carazo, se sumó también a la petición de que se aclare el expediente. Igual que la portavoz popular en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, comparte la revisión. Pero ambas insistieron en el respeto a la justicia y a una investigación que está en curso y bajo secreto de sumario.

«No parece ético»

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, aseguró que en las actuaciones supuestamente llevadas a cabo desde el área de Urbanismo durante los años de gobierno del PP, según todo parece indicar, «se ha confundido bastante lo público con lo privado». El también diputado nacional aseguró que «puede ser legal, pero desde luego no parece ético que el exalcalde, su hermano y la exconcejala Isabel Nieto formen una cooperativa para hacer un bloque de pisos que ellos mismos van a ocupar, sobre todo porque las licencias de obras las concede el Ayuntamiento y esos expedientes luego van a pleno y, al final, todo se mueve entre las mismas manos», aseveró.

Salvador explicó que espera que las investigaciones sobre el bloque de pisos del exalcalde «lleguen hasta el fondo» y aclaren aspectos sobre cómo se tramitó una licencia con deficiencias en apenas unos días, cómo se consiguió una rebaja por parte del arquitecto constructor o cómo el concejal Juan Antonio Mérida pasó a tener competencias sobre la concesión de licencias de primera ocupación en la última junta de gobierno local».

Desde el grupo municipal de 'Vamos, Granada' también apuntaron su disconformidad con que el alcalde y la concejala de Urbanismo «se resuelvan sus propios expedientes. Se trata de un caso claro de conflicto de intereses mal gestionado», aseguraron en un comunicado.

«Los implicados habrían ignorado su responsabilidad como representantes públicos usando los servicios municipales para sus intereses personales», precisaron. En este caso, el grupo echa de menos «una escrupulosa separación en la gestión de los asuntos propios y de los asuntos oficiales». También apuntan a que habrían fallado también «los mecanismos de control interno o se demuestra que los que hay no son suficientes». Para el grupo de 'Vamos, Granada', «es preocupante la presión que los responsables políticos hayan podido ejercer sobre los funcionarios públicos, impidiéndoles desarrollar sus funciones en condiciones de objetividad». Los concejales de 'Vamos, Granada apuntan a la necesidad de «revisar y mejorar dichos procedimientos, su control y transparencia, para garantizar la igualdad de derechos entre los ciudadano».

Nueva tramitación

Izquierda Unida exige que «se vuelva a tramitar la sanción urbanística para restituir la legalidad y el interés público. Las acciones del anterior alcalde de Granada se parecen cada vez más a técnicas mafiosas», matizó el portavoz de IU, Francisco Puentedura. «De confirmarse los hechos, se demuestra cómo el anterior alcalde maniobró y usó el Ayuntamiento a su antojo para favorecer intereses particulares, suyo y de otros, y hacer desaparecer a la ciudad cerca de 400.000 euros por una sanción para compensar una grave irregularidad urbanística. Incluso modificando a su antojo las competencias del gobierno, o cerrando un expediente contrario a su interés particular forzando el procedimiento administrativo. Desde IU queremos destacar también la responsabilidad de gran parte del grupo municipal actual del PP que en aquel momento formaba parte de la junta de gobierno local y que avalaron este tipo de barbaridades e irregularidades», zanjó Puentedura.