Un millón de interinos se juega su futuro en Europa mientras el Gobierno retrasa la reforma

Su dictamen puede cambiar la carrera de cientos de miles de trabajadores y forzar al Ejecutivo a modificar de nuevo el Estatuto del Empleado Público. Es más, se la pueden jugar al todo o nada; es decir, pueden pasar a convertirse en funcionarios de inmediato, si Europa así lo avala; o todo lo contrario, quedarse en la calle de la noche a la mañana si el Ejecutivo lleva adelante una reforma que pretende limitar a dos años el tiempo máximo de sus contratos, puesto que más de 150.000 interinos sobrepasan ya esta duración.

El Tribunal Supremo elevó en mayo de 2024 dos cuestiones prejudiciales al organismo comunitario para determinar si la jurisprudencia del alto tribunal español que rechaza hacer fijos a los interinos y trabajadores públicos vulnera la normativa europea sobre trabajo temporal. Mientras tanto, la situación de estos trabajadores -«muchos de ellos en fraude de ley», recuerdan los sindicatos- sigue sin regularizarse desde junio de 2021.

Con mucho retraso y con una temporalidad que se mantiene en el 30%, a mediados del pasado mes de septiembre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó a las comunidades autónomas un documento de 22 páginas durante la Conferencia Sectorial de Administración Pública que busca atajar este problema y que los sindicatos califican de «parche».

Los planes de López se basan en limitar los contratos a dos años por puesto, impedir su encadenamiento, reconocer la antigüedad de los interinos y fijar sanciones más duras. La propuesta modifica los artículos 10 y 11 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma que regula los derechos, deberes y condiciones laborales de los empleados públicos en España. Además, recorta de tres a dos años el tiempo máximo que un interino puede ocupar una vacante y establece que, una vez superado ese plazo, «solo podrá ser ocupada por un funcionario de carrera». Esta modificación elimina la posibilidad de que la misma persona continúe en el puesto si la plaza queda desierta.

El documento también suprime la opción de que otro interino ocupe la misma plaza y limita los contratos encadenados: «No podrá nombrarse personal interino a quien ya hubiera sido nombrado en la misma Administración en una o varias relaciones diferentes por un periodo total que supere el máximo de dos años, hasta pasados seis meses desde el último nombramiento». Asimismo, establece que estas vacantes «han de incluirse en las ofertas de empleo público correspondientes al ejercicio en el que se produzcan».

Con estas disposiciones, Moncloa trata de adecuar la legislación española a sus compromisos comunitarios. Sin embargo, el Ejecutivo se ha quedado solo. «Nuestro compromiso con la estabilización es claro, pero no aceptaremos imposiciones unilaterales que debiliten la prestación de servicios básicos», señalaron los representantes autonómicos presentes en la reunión.

El texto plantea también cambios en el régimen sancionador y amplía los derechos de los interinos. Se introduce una indemnización automática de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, para los interinos cuyo nombramiento supere los límites legales o se declare en fraude de ley. Además, si se demuestra un daño mayor derivado del abuso de temporalidad, el empleado podrá reclamar una compensación superior. El documento prevé igualmente multas para los altos cargos que incumplan estas obligaciones, con infracciones leves, graves y muy graves, incluidas las derivadas de fraude de ley reconocido por sentencia firme.

Asimismo, se obligará a implantar en el plazo de un año sistemas de información interoperables que registren cada nombramiento temporal: fecha de inicio y fin, causa, modalidad y criterios de cese. Estos registros deberán contar con mecanismos de alerta que permitan detectar en tiempo real las plazas que superen los plazos máximos. Varias autonomías consideran estas medidas desproporcionadas, mientras que los sindicatos las ven insuficientes. «Han de ser más duras para los altos cargos, incluso penales en determinados casos», destacan.

La problemática de la conversión a fijos se remonta a principios de la década de 2010, tras la crisis financiera. En aquel momento, Moncloa limitó la creación de nuevas plazas debido a la falta de disponibilidad presupuestaria y, por lo tanto, a la imposibilidad de reponer las bajas en las plantillas. Ante esta situación, las administraciones y organismos públicos optaron por sustituir a estas personas mediante contratos temporales e interinos, lo que ha elevado la tasa de temporalidad al 27,8%, más del doble que en el sector privado.

Esta situación ha llamado la atención de la Comisión Europea, que mantiene abiertos dos procedimientos sancionadores contra España y que podrían conllevar sanciones millonarias. De hecho, ya ha provocado la congelación de 626,6 millones de euros del quinto tramo de fondos Next Generation que España debía recibir el pasado verano.

Para atajar el problema y cumplir con el compromiso de Madrid con Bruselas de reducir la temporalidad hasta el 8%, el Gobierno publicó en el BOE la Ley 20/2021, que establecía que quien tuviera contrato desde el 1 de enero de 2016 y llevara más de tres años trabajando en el mismo puesto debía ser hecho fijo, «siempre y cuando no se hubieran convocado oposiciones». Sin embargo, esta normativa no resolvió la situación, sino que la agravó.

A finales del año pasado, la Comisión Europea envió a España una carta de emplazamiento advirtiendo de que las medidas adoptadas hasta la fecha, incluida la citada ley, no son suficientes para corregir el abuso de temporalidad. En esa comunicación, se instó a España a presentar una solución efectiva en un plazo de dos meses, algo que todavía no se ha producido.

Meses antes del envío de esa misiva, el TJUE consideró que la normativa española sobre temporalidad en las administraciones contravenía la legislación europea. En aquel fallo, el tribunal europeo concluyó que la ley española -y en particular la figura del indefinido no fijo creada por los tribunales-, así como las indemnizaciones previstas para los interinos tras su cese y los procesos de estabilización, no constituían medidas suficientemente disuasorias para evitar el abuso de temporalidad. Además, el fallo cuestionaba la efectividad de las medidas emprendidas por España para intentar atajar este problema y su adecuación a la directiva europea sobre la materia.

Tras esa sentencia, los tribunales españoles han dictado resoluciones en sentidos contradictorios: algunas convirtiendo a empleados públicos temporales en fijos y otras rechazando esta posibilidad por considerarla inconstitucional. Ahora, el TJUE deberá responder a las cuestiones planteadas por los jueces españoles y establecer una jurisprudencia que resuelva una situación de la que dependen cerca de un millón trabajadores de la Administración, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

Ayer, como anticipo, alrededor de 200 personas se concentraron ante el Congreso de los Diputados para denunciar el abuso de temporalidad en el sector público. Decenas de asociaciones, sindicatos y plataformas de empleados públicos temporales de toda España secundaron la protesta, en la que se escucharon proclamas como «basta de fraude de la Administración» o «fijeza ya». Desde bomberos forestales hasta sanitarios, los participantes reclamaron una «solución definitiva» a su situación y exigieron la recontratación de los interinos que han sido cesados por superar tres años en el puesto sin haber consolidado la plaza.

El futuro laboral de cientos de miles de empleados públicos españoles vuelve a depender de Luxemburgo. Si el TJUE confirma que España vulnera la normativa europea, el Ejecutivo deberá reformar el TREBEP y asumir un coste económico potencialmente millonario. El dictamen del Abogado General será, una vez más, la antesala de un fallo que puede redefinir la relación entre Bruselas y la Administración pública española.