La UAL aporta 140 a los 2.474 grupos investigadores de las universidades

De acuerdo con dicho estudio, estos equipos de I+D han ido dibujando una trayectoria ascendente continuada desde 2019, primer año del gobierno del PP, hasta 2022, último ejercicio disponible, apuntándose un incremento del 5,05%, lo que se traduce en 119 grupos más. Si se compara con 2018, en Andalucía llevaban a cabo sus líneas de investigación 123 equipos menos que en 2022.

Atendiendo a la distribución de estos agentes del conocimiento por organismos, las universidades públicas andaluzas son las que mayoritariamente dan sustento a su labor científica, ya que aglutinan al 88,6% de los equipos, con 2.193. Por su parte, la Universidad Loyola Andalucía contabiliza cinco, por lo que el conjunto del sistema andaluz de educación superior incluye a un total de 2.198 grupos.

Los equipos de I+D de carácter no universitario suponen el 11,4% restante, es decir, 276. De ese cómputo general, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, da soporte a 124 de ellos, y el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), también dentro de la esfera de la Junta de Andalucía, tiene asignados a 20 equipos de investigación. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente de la Administración central, tiene vinculados a 114 y en el apartado de otros organismos, en el que se distinguen institutos de investigación, centros tecnológicos o instituciones privadas, se enmarcan otros 18 grupos.

En el ámbito universitario público, la Universidad de Sevilla es la institución académica que lidera la clasificación, con un total 562 equipos y una representatividad del 22,72%, seguida de la Universidad de Granada, con un peso porcentual del del 20,78% y 514 equipos de I+D. A cierta distancia se sitúan la Universidad de Málaga, con 280 equipos (11,32%), y la Universidad de Córdoba, con 211 (8,53%). A continuación, destacan la Universidad de Cádiz, con 180 (7,28%), la Universidad de Almería, con 140 (5,66%), la Universidad de Jaén, con 124 (5,01%), la Universidad de Huelva, con 92 (3,72%), y la Universidad Pablo de Olavide, con 90 grupos (3,64%).

Por área de conocimiento, la mayoría de los equipos de investigación andaluces se dedica a las Humanidades, con un total de 636 (25,71%), seguidos de las Ciencias y Tecnologías de la Salud, con 417 (16,86%); las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, con 402 (16,25%); Física, Química y Matemáticas, con 230 (9,30%); Recursos Naturales y Medio Ambiente, con 192 (7,76%); Biología y Biotecnología, con 167 (6,75%); Agricultura, con 148 (5,98%); Tecnologías de la Producción, con el mismo número y porcentaje (148 y 5,98%); y Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 134 (5,42%).

En cuanto al nivel de formación académica de los miembros que componen estos equipos, este informe revela que el 68,73% es personal doctor, el 27,28% tiene una titulación universitaria superior, el 0,65% acredita una titulación media y el 3,34% está conformado por auxiliares.

El informe de ACCUA también analiza el desembolso registrado en actividades de I+D en Andalucía durante el ejercicio 2022, dando como resultado un montante de 1.891 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 11,03% con respecto al año anterior, en el que la cifra fue 1.703 millones de euros. El crecimiento acumulado en este parámetro con el gobierno de Juanma Moreno es del 27,79%, desde los 1.479 millones de euros en 2018.

Andalucía es la comunidad que destina un mayor porcentaje del total del gasto interno en I+D a la enseñanza superior, con un 43,19%, muy por encima de la media nacional, del 26,01%. Las universidades andaluzas fueron destinatarias de 817 millones de euros en 2022, cifra sólo superada por los sistemas universitarios de las de Madrid y Cataluña. Las empresas andaluzas acapararon el 35,78% de la inversión en investigación y desarrollo en la comunidad (676 millones), mientras que las instituciones de investigación dependientes de las administraciones públicas recibieron el 20,76% (392 millones); y las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), el restante 0,27%.