Níjar acudirá a fondos estatales para hacer frente a los 8,7 millones de indemnización por La Fabriquilla

Según indicó la alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE), en el debate del punto, el Consistorio consignará un 10% del importe con dinero procedente de «fondos propios» municipales, y presentará un plan de pagos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con el aval del Fondo de Impulso Económico.

Pérez indicó que el Consistorio «tiene voluntad» de abonar el importe de la indemnización en ejecución de sentencia firme «al margen de las dudas de hecho y de derecho» sobre el proceso, y destacó que cumple los requisitos del Ministerio de Hacienda y Administración Pública para la obtención de este fondo que atiende las necesidades de aquellas administraciones locales que están saneadas financieramente.

Al hilo de esto, señaló que informes técnicos advierten de que asumir el pago de los 8,7 millones de euros sin recurrir a este instrumento «pondría en riego» el funcionamiento «en el día a día» de la administración local nijareña.

La consignación del diez por ciento de la cuantía con fondos propios responde a la intención de que no se generen «intereses», según apuntilló la regidora.

El punto salió adelante con los votos de los doce ediles de PSOE y Unidas Podemos, la abstención de los cuatro concejales del PP y los votos en contra de los dos ediles de Vox.

La tasación pericial hecha al terreno de la que se deduce el valor del suelo en situación real estableció que la cantidad a indemnizar es de 8.797.029,93 euros y entiende que esa cantidad hace que se considere «resarcido el perjuicio a los propietarios, incluidos conceptos como daño moral».

La resolución que el Ayuntamiento ha tratado de apelar sin éxito ejecuta una sentencia de 1997 del Supremo que obligó a catalogar como suelo urbanizable los terrenos en la normativa municipal después de que se reconociera «la imposibilidad» de desarrollar el proyecto.

La normativa

Esa «imposibilidad» deriva, tal y como recordaba el auto, de que en 2008, el Ayuntamiento de Níjar tuviese que denegar la aprobación del Plan Parcial, ya que la Junta andaluza acababa de aprobar el nuevo plan de ordenación del Parque Natural de Cabo de Gata, actualmente en vigor, en el que se incluía La Fabriquilla como zona «sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística».

En la ejecutoria se remarca que la indemnización deriva de un «cambio de planeamiento» derivado de un acto unilateral de la administración, en alusión al cambio de uso de suelo, y se recoge que, cuando se declaró la imposibilidad legal de ejecutar sentencia, se estableció que el Ayuntamiento «era el responsable de la imposibilidad de la plena ejecución de la sentencia al haber mostrado una actuación obstruccionista o impeditiva del desarrollo urbanístico del suelo».

El Consistorio ha sostenido al respecto que la responsabilidad patrimonial también es de la Junta y remarcaba que la solicitud de suspensión de las licencias en 1993 que dio lugar al fallo indeminizatorio «se llevó a cabo a instancia de la Comisión Provincial de Urbanismo».

Añadía así que el «otorgamiento de unas licencias para edificar y urbanizar que son anuladas por una sentencia que califica los terrenos como no urbanizables», era un hecho «que nada tiene que ver con la actuación de esta administración» al tiempo que estimaba preconcluido «exceso de plazo» la facultad de los propietarios para solicitar «una posible indemnización en este aspecto».

Del mismo modo subrayaba que, cuando se aplicó la normativa andaluza del Parque Natural Cabo de Gata de 2008, el sector de la Fabriquilla «no contaba con el preceptivo plan parcial aprobado y se había superado el plazo máximo previsto en el planeamiento general».

«Existe negligencia en los promotores y el defecto de falta de aprobación solo cabe atribuírsele a ellos porque adolecía de defectos que lo impedían», finalizaba.

Por su parte, el TSJA concluía, sin embargo, que los terrenos «no solo debieron clasificarse como suelo apto para urbanizar, sino que estuvieron previstas las condiciones para su desarrollo hasta el punto de aprobarse inicialmente el Plan Parcial de ordenación del sector en febrero de 2028, denegándose su aprobación provisional en junio por la entrada en vigor» de la nueva norma ambiental en Cabo de Gata-Níjar.

«No es suficiente para imputar a los titulares de los terrenos la inejecución del planeamiento por defectos relativos al abastecimiento o depuración de aguas o suministro de energía, que no impidieron -subrayaba- la aprobación inicial del Plan Parcial, teniendo una indudable trascendencia casual las vicisitudes de los procedimientos e incidentes tramitados en relación a los terrenos y ejecución de lo ordenado».