El informe ambiental desfavorable de la Junta frena un hotel rural en Cabo de Gata

El dictámen ambiental, consultado por Europa Press, indica que, si bien sería «compatible» en estas zonas «seminaturales» del parque natural la «rehabilitación de construcciones y de edificaciones», el proyecto presentado propone «una nueva construcción sobre las ruinas existentes», por lo que no cumple las premisas «de no aumentar en un 120% la superficie ya construida para no deteriorar el entorno» o de «mantener la continuidad estructural» con la edificación anterior.

El documento, que remarca que las zonas B2 de Cabo de Gata son «soporte de una importante biocenosis animal y albergan singulares recursos florísticos», precisa que el hotel rural estaría previsto sobre 741 metros cuadrados de superficie, en una finca del paraje Madreselva en el que hay una cortijada en estado ruinoso de 431 metros cuadtrados.

«La cortijada actual en ruinas no es una unidad constructiva compacta sino que se encuentra conformada por una serie de volúmenes constructivos dispersos», según señala.

Detalla la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que el proyecto incluye 12 habitaciones con dormitorio, baño y terraza, un semisótano «para lavandería y almacén que no se encuentra bajo rasante, sino que se puede considerar una primera planta», una «alberca-piscina» y una vivienda particular en una «construcción anea cercana a los alojamientos».

«La actuación prevé vólumenes de dos plantas, con lo que no cumpliría con la exigencia de mantenimiento de una sola planta», subraya para añadir que, además, no adopta «las características constructivas necesarias» que contribuyan a «una máxima integración paisajística».

El documento recoge, asimismo, que hay un «impacto paisajístico» ya que no se «integran de manera adecuada en el entorno» y destaca el caso del aparcamiento planificado «para el que se debería haber buscado una ubicación menos visible».

Con respecto a la flora y la fauna, apunta un posible impacto sobre población de aves esteparias para las que existe un plan de recuperación y conservación en Andalucía, aunque «bajo» y descarta hábitas en la zonas de flora protegida como pastizales o tomillares.

Hace alusión, asimismo, a un informe emitido por el Ayuntamiento de Níjar en que se cuestiona que pueda estimarse el interés público de la actuación con una resolución favorable al respecto y se indica que no resultaría compatible con el planeamiento vigente al no cumplir las condiciones exigidas en el art.9.13 de las normas urbanísticas del PGOU.

El dictámen ambiental, al que se da trámite de audiencia de 15 días y contra el que presentaron alegaciones Amigos del Parque Natural y Grupo Ecologistas Mediterráneo (GEM), concluye que el proyecto es «incompatible» con las normas sectoriales urbanísticas del municipio de Níjar y también con la normativa y los instrumentos de gestión del parque natural de Cabo de Gata.

Según la documentación que se sometió a información publica, los promotores sostenían que el proyecto se desarrolla sobre una finca de siete hectáreas cuyas construcciones cuentan «con unos 250 años de antigüedad» y que primero se conoció como Cortijo del Sargento y posteriormente Cortijo del Carbonero, hasta que fue abandonado «hace 20 años» por sus últimos propietarios.

Indicaban que la normativa ambiental que rige en el parque natural Cabo de Gata-Níjar «considera la compatibilidad de la construcción de edificaciones y equipamientos destinados al uso público» en zonas calificadas como B2 o zonas seminaturales con usos tradicionales y que la «voluntad» es «dar nueva vida a la cortijada, poniendo en valor el espacio, con una propuesta actualizada y de calidad enfocada al turismo rural, y respetuoso con su entorno y el medio ambiente».

Para que fuera «viable» económicamente trasladaban que debe tener 12 habitaciones, administración, cafetería, y zona de apoyo, spa, sauna, baños y lavandería, además de piscina-alberca.

En concreto, el proyecto planteaba cinco habitaciones en la construcción principal existente en la finca, destinar las construcciones anexas «existentes» a zona de usos comunes y a una vivienda particular de 135 metros cuadrados, y otras siete estancias para las que, según destacaba, «se aprovecharía el espacio ocupado antiguamente por una era, desaparecida hoy en día, para otorgarle un nuevo valor y aprovechamiento al transformarla en terraza compartida por dos habitaciones».

En la documentación presentada, los promotores alegaban «interés social» dado el «entorno económicamente deprimido siendo el municipio de Níjar según el INE, el de menor renta de España, y en particular de la pedanía de Fernán Pérez, aislada y con un crecimiento paralizado».

Argumentaban que proponer «una actividad económica alternativa al cultivo bajo plástico, que genere puestos de trabajo de calidad relacionados con el turismo, será de un incuestionable interés social para la zona» y añadían que la actividad «no se limitará exclusivamente a las pernoctaciones y un servicio de cafetería, sino que se pretende potenciar la diversificación de la oferta, como respuesta a las nuevas demandas de turismo de naturaleza, en especial el turismo activo, que requieren de un personal cualificado para su desarrollo».

Los promotores preveían ejecutar la obra en una fase con 18 meses de duración en los que se integraban los trabajos de urbanización, acometidas y desarrollo de las infraestructuras; reconstrucción y ampliación hasta configurar la edificación de hotel rural; piscina-alberca y exteriores; zonas de servicios y lavaderos, así como trabajos de ajardinamiento, agrícolas y forestales por un tiempo de 20 meses.