El Defensor del Pueblo insta a la Junta a seguir con las medidas para obligar a rehabilitar el castillo de San Pedro

Así concluye la queja de oficio, la segunda, incoada con el objetivo de conocer el estado de conservación del inmueble declarado BIC, la relación de intervenciones decretadas y de proyectos ejecutados, así como sus calendarios previstos, y las medidas adoptadas para la ejecución y el cumplimiento de las intervenciones establecidas por esa Delegación ante el titular del castillo.

La resolución apunta, tras analizar la información aportada por la Delegación Territorial de Cultura, que es «intención» del Gobierno andaluz «proseguir» con el impulso «de las actuaciones necesarias» de todas las instancias competentes para «salvaguardar la integridad de dicho monumento declarado BIC« y merecedor »de la protección y tutela« que la normativa establece para los inmuebles inscritos en el Patrimonio Histórico de Andalucía.

No obstante, y considerando que el «asunto se encuentra en vías de solución», le reitera a la Junta «la importancia» de imprimir «continuidad» a las medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones establecidas a los titulares del inmueble en cumplimiento de la normativa patrimonial y artística.

El Defensor del Pueblo andaluz se refiere en concreto al procedimiento administrativo sancionador incoado contra los propietarios del Castillo de San Pedro ya que no han acometido las obras de conservación del inmueble y en un estado de deterioro evidente con «riesgo de derrumbe«.

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte dio en enero de 2018 un ultimátum a los dueños del BIC y les concedió un plazo de cinco meses para ejecutar la actuación de acuerdo a la resolución del 3 de abril de 2014 que fijaba cuáles era las intervenciones prioritarias, «centradas en la adopción de medidas de seguridad y en la consolidación de la estructura de la fortaleza».

Ante el «incumplimiento» de los propietarios, inició un procedimiento administrativo con la imposición de multas coercitivas hasta un montante total de 95.980 euros, lo que equivale «a la valoración económica de las obras de conservación motivo de la orden de ejecución incumplida».

El ultimátum se dio tras el levantamiento de la suspensión cautelar que afectaba a la orden de ejecución dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los dueños contra las iniciativas de la Junta para hacer cumplir la Ley de Patrimonio de Andalucía respecto a los Bienes de Interés Cultural.

En la información remitida a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, la Junta señala que realizó una visita de inspección el 1 de agosto de 2018, en la que constató que el estado de conservación del inmueble «es similar al que refleja el informe de 26 de abril de 2013» y remarca que ha actuado «siempre» dentro del marco de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que, en su articulo 15 establece.

Los trabajos de emergencia a ejecutar deben comenzar con el vallado perimetral del inmueble para garantizar la seguridad ante los desprendimientos al que seguirá la retirada de elementos añadidos a los muros y cubiertas del castillo y en su interior, como placas fotovoltaicas, pérgolas de madera o estructuras metálicas.

La actuación también contempla el refuerzo estructural de la cimentación, empleando hormigón armado resistente a la exposición a un ambiente marino salinizado, y el apuntalamiento de la bóveda que conforma el primer nivel de la torre. Por último, las obras incluyen la consolidación de los sillares y mampuestos de piedra poco estables mediante la aplicación de mortero de cal de características análogas al existente.

La Ley de Patrimonio de Andalucía establece que son los propietarios de los Bienes de Interés Cultural los responsables de sus conservación. La Junta ha ofrecido a los propietarios del Castillo de San Pedro asesoramiento para resolver cualquier duda sobre la ejecución de estas actuaciones prioritarias.

Por otro lado, continúa sin conocerse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería en el marco de un procedimiento que impulsaron los mismo colectivos ante la «inacción» del Ayuntamiento de Níjar, gobernado por PSOE e IU, con respecto al estado del BIC.

En una vista celebrada en febrero, el consistorio argumentó que la competencia sobre la conservación y rehabilitación del castillo corresponde a la Junta y señaló que la actuación municipal que se llevó a cabo en 2016 se limitó al vallado perimetral de forma subsidiaria por «razones de seguridad de las personas» debido «al peligro inminente de derrumbe» que motivo la apertura de un expediente de declaración de ruina en 2013.

También compareció como parte afectada el propietario Daniel Navarro, quien afirmó que le «encantaría arreglar» el castillo «por supuesto» aunque matizando que «no está obligado». «No es porque yo no quiera pero se están extralimitando queriendo obligarme a hacer unas obras a las que no estoy obligado», dijo para, a continuación, criticar que la Junta, propietaria por ejercicio de retracto del BIC durante un tiempo «hasta que lo perdió en los tribunales», se lo «devolvió hecho una porquería».

Navarro aseguró que durante el tiempo en que estuvo en manos de la Junta, «ni esta ni el Ayuntamiento se preocuparon del estado» del inmueble e indicó que, en 2006, pidió una licencia de obra menor «porque se había caído la mitad del castillo y la Junta decía que tenía que intervenir yo». «La Junta me dijo que hiciera un proyecto de conservación y entonces el Ayuntamiento no me dio la licencia«, ha añadido.

La declaración de ruina tramitada en 2013 recogía que los dos elementos de la edificación, compuesta por un edificio de planta rectangular y la torre, de planta circular, presentaban «un importante deterioro» que, en algunas zonas, originan «un grave peligro de estabilidad estructural«.

Hacía alusión en concreto a que los muros situados al sur habían perdido «parte de la cimentación» mientras que otras habían quedado «descalzadas por desprendimiento o deslizamiento del terreno de la ladera» sobre el que se asientan. Con respecto al muro de la torre, apuntaba que estaba en «malas condiciones» ya que la estructura vertical de mampostería de piedra «se ha derrumbado casi en la mitad de su perímetro sur».

El Castillo de San Pedro es un elemento emblemático en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 con publicación en el BOE de 29 de Junio. Asimismo, está protegido por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar aprobadas en 1996 ya que en su catálogo de cortijos tradicionales protegidos, en relación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural con carácter general, está incluido, con un grado de protección 3º o protección ambiental específica, en la sección de cortijos y edificios históricos singulares.