Almería, tercera provincia con más desapariciones de menores de edad

Según estos datos, que abarcan el período entre 2010 y 2017, Almería es la tercera provincia española donde más denuncias se producen por este motivo. Solo la supera Cádiz y Granada, con 840 y 352 casos, respectivamente. También según los datos de este informe, las desapariciones de menores de edad suman más de la mitad (el 61,51%) de los 343 casos de personas desaparecidas sin causa aparente en la provincia hasta 2017.

De estos 343 casos, solo seis están considerados como 'de alto riesgo' por las fuerzas policiales, lo que supone menos del 1,7% del total, entre ellos Lourdes García, la joven de 36 años a la que se le perdió la pista el 3 de octubre de 2009, como si se la hubiera tragado la tierra, tras acabar su turno de trabajo en la gasolinera situada en la Urbanización de Roquetas de Mar.

Esta calificación se da por varios motivos; entre ellos, que la persona que desaparece pueda ser un riesgo para los demás, que presente algún tipo de discapacidad física o mental, que esté bajo tratamiento médico necesario, o que sea víctima de violencia de género, entre otras. Ninguno de los casos de desaparición de menores almerienses tiene la calificación de ser de alto riesgo, y ello a pesar de que la normativa policial establece que cuando un menor de edad se encuentra ilocalizable «se presume siempre de algo riesgo con independencia de la presunta voluntariedad o no de la desaparición».

También según este informe de Interior, durante el período entre 2010 y 2017 se denunciaron, investigaron y resolvieron un total de 66 casos de sustracción de menores. En este sentido, Almería se encuentra entre las provincias andaluzas donde más casos de este tipo se han registrado.

Fugas de migrantes

Para entender cómo es posible que Almería sea la tercera provincia española con más denuncias por desaparición de menores, superando a comunidades autónomas enteras, y a la vez tenga un número bajo de casos de sustracción de menores, es necesario entender cómo funcionan los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos casos. Los datos demuestran que el número de denuncias por la desaparición sin causa aparente de menores de edad es mucho más abultado en todo el sur y el sureste peninsular.

Fuentes policiales indican que hay un factor imprescindible para entender esta tendencia: tener en cuenta que en esta estadística se cuenta también a los menores inmigrantes que se fugan de los centros de acogida tras llegar a diferentes puntos de Andalucía buscando seguir subiendo hacia el norte en busca de mejores oportunidades. También son muy comunes los «secuestros» de menores extranjeros por parte de sus padres para llevarlos a sus países de procedencia.

Al ser Andalucía, y en concreto Granada, Cádiz y Almería, tres de los puntos de entrada de migrantes más importantes de todo el territorio español, cuando un migrante menor de edad llega a la costa sin la compañía de sus padres u otro adulto cualquiera que afirme hacerse cargo de él, queda bajo la tutela y custodia del Estado. Este grupo de población, conocido en el lenguaje policial como Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), es una de las principales causas de que las cifras de Almería, Granada y Cádiz estén infladas. Algunas de las playas a las que más migrantes llegan son las Motril, en Granada; Garrucha, en Almería; y Tarifa, Bolonia y Barbate en Cádiz. Así lo afirmó hace algunos meses Nicolás Torres, responsable de las Unidades de Acogida Temporal (UATE) de la Fundación Samu, quien también aseguró que la llegada de pateras a las costas andaluzas estaba empezando a volver a crecer de manera significativa en los últimos meses. Cuando uno de estos menores decide fugarse del centro de acogida pasa automáticamente a formar parte de la estadística de menores desaparecidos sin causa aparente. El protocolo desgranado en este informe indica que esta situación es común, ya que se tiene en cuenta como uno de los factores a la hora de decidir la calificación del caso. Aunque por defecto las desapariciones de menores son consideradas de alto riesgo, el informe asegura que «pueden excluirse de esta regla general aquellos casos en los que concurran circunstancias que hagan evidente la voluntariedad de la desaparición, como las fugas de los centros de internamiento o de acogida».