Almería es la décima provincia española con más solicitudes de Ingreso Mínimo Vital resueltas

Respecto a los ERTE -el pasado 17 de marzo, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley cuyo principal objetivo fue evitar despidos exonerando a las empresas del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores-, desde abril hasta el pasado mes de septiembre, las prestaciones del SEPE en Almería para abonar estos expedientes de regulación temporal de empleo ascendieron a 80,4 millones de euros.

El nivel máximo de gasto se alcanzó en el mes de mayo, con 25,8 millones de euros. En el mes de junio, este gasto se redujo en 12,7 millones de euros en comparación con el mes de mayo, reducción que ha continuado en los meses sucesivos. En el mes de septiembre, el SEPE abonó una nómina de ERTE cifrada 4,2 millones de euros.

En cuanto al número de personas, el máximo nivel de protección se alcanzó también en mayo, con 32.800 trabajadores en ERTE que recibieron prestaciones del SEPE. En junio, la cifra se redujo hasta las 21.750 personas, número que ha ido decayendo a lo largo del verano y durante el mes de septiembre, que se cerró con 7.639 personas en ERTE.

Los fondos destinados para la protección de las personas includias en ERTE se integran en el sistema de protección al desempleo que dispensa el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra global de prestaciones por desempleo en Almería ha ascendido, desde abril a septiembre, a 273,3 millones de euros. Igualmente, el nivel máximo de gasto en prestaciones se alcanzó en mayo, con 54,3 millones de euros.

Por otra parte, han recordado desde la Subdelegación del Gobierno que el pasado 1 de junio se publicó en el BOE el RD-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso mínimo vital. Una prestación que viene a paliar las situaciones de especial vulnerabilidad económica y que las autoridades europeas habían demandado al ser España uno de los países de la UE con mayor desigualdad en la distribución de las rentas, «circunstancia que conlleva a un riesgo mayor de pobreza, que este año se ha incrementado a causa de la pandemia», ha señalado el subdelegado del Gobierno.

A fecha de hoy, el número de solicitudes presentadas por todos los canales ha sido de 19.605, el 2,16% del total de las solicitudes presentadas a nivel nacional. A ello hay que añadir los expedientes reconvertidos de la 'Prestación Familiar' a Ingreso Mínimo Vital (IMV), que han alcanzado la cifra de 2.965. La sumatoria de las dos cantidades anteriores da un total de 22.570 expedientes en la provincia.

Las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital reconocidas en la provincia de Almería son 3.566, el 2,60% del total nacional (137.266). Almería es la décima provincia española con más solicitudes resueltas. En Almería, 640 unidades familiares disponen ya de esta prestación.

Igualmente, en el marco del escudo social puesto en marcha para la protección de los trabajadores de las consecuencias de la pandemia provocada por la Covid-19, el Gobierno ha mostrado una especial sensibilidad con los trabajadores autónomos, han remarcado desde la Subdelegación almeriense. En este sentido, en marzo se creó la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad, cuyo objetivo fundamental ha sido proteger la falta o merma considerable de ingresos de los autónomos y autónomas en la situación excepcional provocada por la Covid-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio.

Esta prestación, según han asegurado desde la representación del Gobierno en la provincia, ha permitido que los autónomos afectados por el cierre de su negocio o con una caída muy importante de su facturación como consecuencia del Covid-19 se vean protegidos por la falta de ingresos, contribuyendo a la supervivencia de su negocio.

En Almería, entre los meses de marzo y junio incluidos, más 18.000 autónomos, (en concreto 18.141) el 30% de los existentes en la provincia, han percibido esta Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad y se han beneficiado de la exoneración de las cotizaciones sociales.

A partir de julio, los autónomos que habían sido beneficiarios de la prestación han podido seguir acogiéndose a reducciones en las cotizaciones sociales los meses de agosto y septiembre. También, aquellos trabajadores autónomos que habían sido beneficiarios de la prestación extraordinaria y han continuado sufriendo una reducción drástica de ingresos, han podido acceder a una prestación ordinaria por cese de actividad compatible con la actividad. Igualmente, se ha creado una ayuda específica para los autónomos de temporada, especialmente afectados por la crisis. Ambas medidas se han extendido hasta el 31 de enero de 2021.

Por otra parte, han recordado que el Gobierno ha acordado sellar la prórroga, hasta el próximo 31 de enero, de la prohibición de los desahucios, la prórroga de los contratos de alquiler para evitar las subidas abusivas en pleno contexto de crisis y la prórroga de las medidas sobre los grandes propietarios en el alquiler. En este último caso, estos propietarios tendrán que decidir entre una quita del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en al menos 3 años.