Maeztu no ve irregularidad en la ubicación de la desaladora de Palomares

La investigación la inició, Maeztu, tras conocer un informe del colectivo Ecologistas en Acción en el que los conservacionistas advierten de que la inundación que inutilizó la millonaria infraestructura «era totalmente previsible y podía haberse evitado». La organización ecologista apunta a que la desaladora fue construida en la confluencia de dos cauces, el del río Almanzora y el de la rambla de Canalejas, «probablemente ocupando una parte del cauce de una de ellas».

La desaladora del Bajo Almanzora, en Palomares (Cuevas del Almanzora) fue inaugurada por la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, el 19 de septiembre de 2011. La construcción fue promovida por la sociedad estatal Acuamed y fue ejecutada por una unión temporal de empresas conformada por Abengoa y FCC. Costó 77 millones de euros, de los que 22,7 (casi un tercio) provenían de fondos europeos.

Cabe recordar que apenas un año después, en septiembre de 2012, las lluvias torrenciales que azotaron a la comarca del Levante almeriense y a otras zonas de la península arrasaron con las instalaciones de esta costosa infraestructura. El desbordamiento de la rambla de Canalejas «motivó la inundación de la desaladora alcanzando al parecer un nivel de unos dos metros en toda la parcela», remitieron los ecologistas. Como consecuencia de este hecho, siempre siguiendo el mencionado informe, «el 75% de las instalaciones eléctricas y el 90% de los aparatos electrónicos quedaron inservibles». El coste de reparación se estimó en su momento entre 10 y 15 millones de euros, pero aún no se ha ejecutado pese a que ya han pasado cuatro años y medio desde entonces.

Según las informaciones recibidas por el Defensor del Pueblo Andaluz, la anegación de la desaladora se produjo por defectos de encauzamiento en la rambla de Canalejas, que se desbordó en la confluencia del río Almanzora anegando la parcela de la desaladora. «Fue Acuamed quien ejecutó el encauzamiento», alegaron desde el Gobierno andaluz a los requerimientos del Defensor.

Maeztu esgrime asimismo un informe del jefe de Servicio de la Agencia Andaluza del Agua, Cuenca Mediterránea Andaluza, de 11 de Abril de 2007, relativo al expediente sobre la concesión de terrenos de dominio público en dos parcelas cuya titularidad corresponde a la Cuenca Mediterránea andaluza, donde se ubicó la nueva desaladora en el Bajo Almanzora. Las parcelas, según dicho informe, están situadas en la confluencia de la rambla de Canalejas con el río Almanzora; en este tramo el río Almanzora está encauzado y las mencionadas parcelas quedan fuera del actual cauce del río y de la rambla de Canalejas. Además, en la resolución de la Agencia Andaluza del Agua en la que se concede el terreno para la obra advierte a Acuamed de que «la autorización que se otorga no implica obligación alguna de este Organismo de indemnizar los daños que por avenidas del río pudieran producirse».

«A la vista de ello, no observamos que se hubiera incurrido en responsabilidad por la concesión de terrenos para la construcción de la nueva desaladora del Bajo Almanzora por parte de la Agencia Andaluza del Agua, dado que las obras proyectadas no afectaban al encauzamiento del río Almanzora ni a su afluente y se había dejado constancia en el condicionado de la concesión de la no asunción de responsabilidades que se pudieran originar por los daños causados por las avenidas», advierte Maeztu al cierre de la investigación.

Maeztu archivó hace pocas semanas la investigación al no verse afectadas, a su juicio, instancias del ejecutivo autonómico. Sin embargo, ha dado traslado a la Defensora del Pueblo estatal, Soledad Becerril, «por si, a la vista del informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y sin perjuicio de la cuestión relativa al aseguramiento de la obra que se encontraba 'sub-iudice', consideraba conveniente interesarse por la causa y posibles responsabilidades en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir por el deficiente encauzamiento de la rambla de Canalejas».

Cabe recordar, asimismo, que a finales de año el Gobierno central anunció un proyecto para las obras de protección para la desaladora del Bajo Almanzora que incluye la ampliación del encauzamiento de la rambla de Canalejas lo que obliga a modificar el entronque con la rambla del río Almanzora. La obra, además, es en la confluencia, «donde se producen las velocidades más elevadas por lo que se protege adecuadamente con escollera hormigonada». También se modificará la carretera AL-8106 de Villaricos a La Muleria. «Modificación del trazado de dicha carretera de forma que favorezca las condiciones hidráulicas en el acercamiento a la embocadura del encauzamiento».

La desaladora del Bajo Almanzora no sólo ha sido noticia por su inauguración y por su anegación. También volvió a convertirse en noticia después por ser una de las que detonó la investigación del Caso Acuamed, que investiga la generación de sobrecostes en estas obras públicas y el destino de este dinero. En la operación 'Frontino', desarrollada por la UCO de la Guardia Civil en enero del año pasado en cuatro provincias españolas (Valencia, Alicante, Madrid y Murcia) se detuvo a 13 personas. Entre ellos, el delegado territorial de la sociedad estatal en Murcia y Almería.

En el auto en el que el juez Eloy Velasco -de la Audiencia Nacional- mandó a la cárcel a los cinco máximos responsables de la presunta trama corrupta de Acuamed, el magistrado apuntaba a que algunos de los amaños y sobrecostes más importantes de esta red se «pactaron desde muy alto nivel en el Ministerio» de Agricultura. Es más, que hubo «compensaciones indebidas» acordadas entre constructoras y «cargos de alto nivel» de ese departamento.

Ese multimillonario desfalco habría nacido, según la investigación, a raíz de la inundación que dejó inservible la desaladora del Bajo Almanzora. Según el contrato, ambas empresas -y sus seguros- debían encargarse de la reparación de las instalaciones. Pero, según las primeras indagaciones, Arcadio Mateo, director general de Acuamed, «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», habría acordado con FCC que la empresa pública pagaría el 40% de los costes, mientras que el otro 60% lo pagaría la UTE que, a cambio, «recibiría compensaciones indebidas» por valor de 40 millones de euros.

La investigación judicial en torno a la empresa pública continúa abierta. Y la desaladora, en cambio, sigue cerrada a cal y canto.